La Comisión Europea propone multar a España con casi 19 millones de euros a España por la manipulación de las estadísticas de déficit y deuda en la Comunidad Valenciana mediante la ocultación sistemática de una parte del gasto sanitario, según han avanzado fuentes comunitarias.
La sanción por el falseamiento del déficit en la Comunidad Valenciana se debatirá este miércoles en la reunión del colegio de comisarios y se aprobará formalmente el jueves. Su importe es prácticamente simbólico, ya que se sitúa muy por debajo del máximo previsto en la legislación de la UE, que ascendería a 2.000 millones de euros en el caso de España (el 0,2% del PIB).
La propuesta de sanción tendrá que ser ratificada a continuación por los ministros de Economía de la UE en el Ecofin.
Los portavoces oficiales de la Comisión han eludido pronunciarse sobre esta información. «El informe (sobre la manipulación de las estadísticas en Valencia) debe ser adoptado por la Comisión de aquí al 11 de mayo», se han limitado a señalar.
Se trata de la primera vez que Bruselas utiliza sus nuevos poderes para investigar una posible manipulación estadística en un Estado miembro y sancionar a los responsables. Esta legislación se aprobó en 2011 a raíz de la manipulación de las estadísticas de Grecia, cuyo descubrimiento marcó el origen de la crisis de deuda.
Investigación
El Ejecutivo comunitario lanzó una investigación formal sobre la posible manipulación de las estadísticas de la Comunidad Valenciana en julio de 2014. Su objetivo era determinar si «por causa de unas declaraciones incorrectas de los gastos habidos en esta Comunidad Autónoma, ya fueran deliberadas o una negligencia grave, se tergiversaron los datos sobre el déficit del Estado español a lo largo de varios años» y averiguar quienes fueron los responsables.
Las pesquisas se han concentrado en los gastos sanitarios no reconocidos (las denominadas 'facturas en los cajones') durante el periodo 1988-2011.
El posible falseamiento de las estadísticas en la Comunidad Valenciana salió a la luz en mayo de 2012, en plena crisis de deuda, cuando España informó a Eurostat de que el déficit de 2011 tendría que revisarse al alza en 0,4 puntos porcentuales, hasta el 8,9% del PIB, respecto a la cifra notificada unas semanas antes.
Ello se debía sobre todo a la detección de gastos no registrados en las comunidades autónomas de Valencia y Madrid. Eurostat envió de inmediato una misión de inspectores a España para determinar la naturaleza del problema. Por lo que se refiere a Madrid, consideró que el ajuste podría considerarse un caso excepcional, pero en la Comunidad Valenciana decidió lanzar una investigación en profundidad por posible manipulación continuada.
Las irregularidades sólo se corrigieron en 2012, cuando Eurostat detectó el problema.
El Gobierno español trató de paralizar el expediente mediante un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE alegando que «no existen indicios serios de la existencia de hechos que sean constitutivos de tergiversación de los datos relativos al déficit y a la deuda».
También acusó al Ejecutivo comunitario de haber realizado «una investigación encubierta, al margen del procedimiento establecido, con menoscabo de los derechos de defensa de España». Sin embargo, el Tribunal de Justicia ni siquiera ha celebrado todavía la vista sobre el caso.