El Comité Federal del PSOE ha aprobado este lunes la resolución política pactada entre el líder del partido, Pedro Sánchez, y los dirigentes regionales en la que se fija como «condición indispensable» para abrir negociaciones con otras formaciones políticas de cara a la posible formación de un gobierno «de cambio» que éstas renuncien a planteamientos que incluyan «consultas o separatismos» que sólo conducen a la división.
El texto ha sido aprobado con el único voto en contra de los cuatro representantes de la corriente interna Izquierda Socialista en el máximo órgano entre congresos, en el que, finalmente, sólo se sometió a votación ese documento, una vez que el acuerdo sellado este domingo entre Sánchez y sus 'barones' evitó que los dirigentes regionales presentaran uno alternativo al que preparaba Ferraz.
La resolución subraya que los españoles «pueden tener plena confianza en que el Partido Socialista estará, una vez más, a la altura de las circunstancias y asumiendo su responsabilidad» y que, como ha hecho históricamente, volverá a primar en sus decisiones «el interés general de la sociedad española».
Aun asumiendo que los socialistas cosecharon un «mal resultado» electoral que ha de llevarles a «abrir una reflexión profunda» para «mejorar» la organización, «su estrategia y sus políticas», el PSOE remarca que sigue siendo la segunda fuerza en votos y escaños, se reivindica como líder de «la alternativa a la derecha del PP» y saca pecho porque gobierna en nueve de las 17 comunidades autónomas y dirige «miles de ayuntamientos».
El PP no puede desplazar su responsabilidad a los demás
«El PSOE mantiene anclajes firmes en la sociedad española y está dispuesto a servir al interés general de nuestro país», subraya, y, a la vez que hace hincapié en que «el voto de los españoles debe atenderse y debe cumplirse», explica que es el PP, como fuerza más votada, quien debe asumir su responsabilidad de formar gobierno.
En este contexto, la resolución remarca que, tras haber estado cuatro años «gobernando contra la mayoría, sin escuchar a nadie y sin acordar con nadie», son los 'populares', con Mariano Rajoy a la cabeza, los que han de intentar formar gobierno y que «no es aceptable que intenten desplazar esa responsabilidad hacia los demás».
«La responsabilidad de lo sucedido, de las actuales circunstancias en las que se desenvuelve la política española y de sumar los apoyos necesarios para su investidura es solo suya», enfatiza el texto justo después de remarcar que las políticas desarrolladas por el Gobierno de Rajoy y su forma de gobernar han contribuido a que los 'populares' estén «solos» y que «su continuidad suponga una amenaza para la estabilidad del país».
Votar contra Rajoy es apoyar el cambio
Con estos argumentos el máximo órgano entre congresos del PSOE garantiza que votará en contra de la investidura de Rajoy «y de un nuevo gobierno del PP». «Ese es el mandato de nuestros votantes y de la mayoría de los españoles. Votar en contra del PP y de Rajoy es votar a favor del cambio que expresaron la mayoría de españoles el pasado 20 de diciembre», especifica un texto en el que se presenta al PSOE como «lo contrario del PP» y como «la primera fuerza del cambio en España».
La resolución contempla tres escenarios: que Rajoy logre ser investido para seguir en La Moncloa, que no consiga los apoyos necesarios para ello y el PSOE intente liderar «el cambio» o que haya que convocar nuevas elecciones. En el primer caso, el PSOE se compromete a liderar «una oposición exigente» con los derechos de la ciudadanía «y leal» al Ejecutivo en los grandes asuntos de Estado como la lucha antiterrorista y la defensa de la unidad de España.
Si Rajoy no es capaz de sellar ningún acuerdo para ser investido presidente, será cuando «el PSOE actuará como primer partido del cambio en aras del interés general y con sentido común y responsabilidad» porque, según destacan, «las nuevas elecciones deben ser la última opción, porque supondrían un fracaso colectivo».
«Los españoles nos han convocado para el cambio, para el diálogo y para el acuerdo. Y los representantes elegidos por los españoles tenemos que estar a la altura de este mandato popular, por encima de intereses de partido y personales», añade la resolución política. Ante este «complejo tiempo» para la sociedad española, el PSOE asegura que antepondrá siempre «el interés de España a cualquier otro objetivo».
No a rupturas que amenazan la convivencia
Y precisamente, invocan «esa responsabilidad y ese interés general» para rechazar «de manera tajante», cualquier planteamiento que conduzca a romper el ordenamiento constitucional y «que amenace así la convivencia lograda por los españoles durante estos últimos 37 años».
«La autodeterminación, el separatismo y las consultas que buscan el enfrentamiento sólo traerán mayor fractura a una sociedad ya de por sí dividida. Son innegociables para el Partido Socialista y la renuncia a esos planteamientos es una condición indispensable para que el PSOE inicie un diálogo con el resto de formaciones políticas», puntualiza el texto aprobado en Ferraz.
En el documento no se cita a ninguna otra formación política más allá del PSOE o del PP, pero las condiciones que establece como líneas rojas para empezar a hablar con otros partidos señalan directamente a Podemos o a los partidos nacionalistas con los que Sánchez debería pactar si aspira a llegar a La Moncloa.
Además, la resolución indica que el PSOE y el PSC son «los únicos» que ha planteado una solución al problema ocasionado por el independentismo en Catalunya y que su alternativa pasa por buscar un nuevo acuerdo que se base en actualizar el vigente marco de convivencia constitucional.
Y también esboza las cinco «grandes transformaciones» que propugna la «alternativa socialista» para asegurar un futuro mejor a la inmensa mayoría de ciudadanos de nuestro país y que Sánchez ha resumido en su discurso inicial ante el Comité Federal.
«Los socialistas hacemos un llamamiento al diálogo, a la responsabilidad y a la altura de miras como guías de conducta para todos los interlocutores en este nuevo tiempo político. Esa ha sido la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas el pasado 20 de diciembre», concluye la resolución.
En bona lògica, "Podemos" hauria de defensar el dret de decidir radical, proposat al Canada, i que és compatible amb el dret internacional. El dret de decidir s'hi aplicaria a tots els nivells: provincila, comarcal, municipal, la qual cosa em sembla perfcetament justa. Si fos així, Barcellona podria romandre espanyola, emperò Girona, catalana, val adir una Catalunya soberana emperò amputada. El punt poistiu és que cap municipi o província no seria català o espanyol contra la voluntat de la majoria.