Una total de 21 personas, entre ellas un ex alto cargo del Gobierno valenciano cuya identidad no ha sido revelada, han sido detenidas en la operación policial de ámbito nacional relacionada con el amaño de contratos públicos para la extinción de incendios que coordina un juzgado valenciano. En Balears una persona fue citada como imputada y quedó en libertad tras prestar declaración.
El dispositivo establecido a raíz de las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto, en las que se encuentra investigado el exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconseller del PP Serafín Castellano, se ha desarrollado en la Comunitat Valenciana, Catalunya, Andalucía, Balears, Castilla-La Mancha y Extremadura.
Balears
En Balears podría haber una persona imputada, aunque según ha informado desde la Conselleria de Medi Ambient del Govern balear, en las islas no se tiene constancia de ninguna detención relacionada con esta operación policial.
El Govern balear ha explicado que la administración autonómica mantuvo contratos con Avialsa hasta 1993, y durante la legislatura anterior contrató los medios aéreos para la extinción de incendios con las empresas Skype, Saeta y Martínez Ridao.
Según informa el Tribunal Superior de Justicia valenciano, en el transcurso del mismo ha resultado detenido también un alto cargo de la Generalitat de Catalunya, y ninguno de los apresados ha pasado a disposición judicial. También se ha detenido a dos mandos de los Bomberos de la Generalitat de Catalunya, ambos exjefes del área de Medios Aéreos.
Uno de los dos detenido en Catalunya, Manel B., fue jefe de la División de Operaciones cuando ocurrió el mortal incendio de Horta de Sant Joan (Tarragona), en julio de 2009 -en el que fallecieron cinco bomberos- y meses después denunció que había sido víctima de un cense encubierto, tras la designación de un nuevo máximo responsable en el cuerpo de Bomberos.
Esta operación se enmarca en el proceso abierto por un presunto amaño de contratos públicos -tanto en España como en Italia y Portugal- relacionados con empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales.
En estas diligencias está investigado (denominación que sustituye a la de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), entre otros, Serafín Castellano por supuestas irregularidades cometidas en su etapa como conseller de Justicia de la Generalitat durante el mandato del PP.
El Cuerpo Nacional de Policía ha practicado 20 registros en empresas y viviendas y la causa, que se ha decretado secreta, está abierta por los supuestos delitos de organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público.
Algunos de los registros se han producido en las sedes de bomberos de la Comunitat Valenciana o Catalunya, han informado fuentes cercanas al caso.
Los registros han sido desarrollados por agentes de paisano de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
Los contratos sospechosos se habrían firmado con la empresa valenciana Avialsa, que ya fue objeto de una investigación por parte de un juzgado de Sagunto.
En Catalunya, los agentes han registrado el edificio de los bomberos de la Región Metropolitana Sur de Barcelona, en Sant Boi de Llobregat, y una oficina de la central de los bomberos en Bellaterra.