Los seis concejales del PP en el Ayuntamiento de València que este lunes han acudido a declarar como investigados mantienen esa misma condición a la salida del juzgado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Todos ellos están imputados por un supuesto delito de blanqueo de capitales en el marco del conocido como caso Imelsa, que tiene su origen en una supuesta trama corrupta que cobraba comisiones en la adjudicación de contratos públicos desde varias administraciones.
El caso derivó en un supuesto blanqueo de dinero en el grupo popular del Ayuntamiento de València, ya que presuntamente concejales y asesores hacían donaciones al partido de mil euros por transferencia bancaria que luego les eran reintegrados en mano con dos billetes de 500 euros.
Los concejales que este lunes han declarado en el juzgado de instrucción número 18 de Valencia son Vicente Igual, Beatriz Simón, Lourdes Bernal, Cristóbal Grau, Alberto Mendoza y Félix Crespo, además de dos asesores.
De este grupo de ocho personas, dos se han negado a declarar, según, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Cuatro de ellos han abandonado la Ciudad de la Justicia por la puerta trasera, tres de ellos casi de forma simultánea (Bernal por la delantera y Crespo y Mendoza por la trasera), de forma que sólo Lourdes Bernal y Cristóbal Grau han salido del juzgado por la puerta principal.
Únicamente, Cristóbal Grau ha atendido de forma breve a los periodistas, a quienes ha comunicado que, cuando se levante el secreto de sumario, adoptará la «decisión que considere oportuna».
Sin detenerse, la edil Beatriz Simón ha expresado su confianza en que «todo se aclare pronto» y ha afirmado que ha dicho al juez «lo mismo que el primer día».
No ha aclarado, sin embargo, si estaría dispuesta a renunciar al acta de concejal y, preguntada por si cree que la exalcaldesa Rita Barberá conocía el supuesto blanqueo ha contestado: «No lo sé, dejadme».
Horas después de abandonar el juzgado, el concejal Alberto Mendoza ha explicado que ha ratificado ante el juez la misma declaración que hizo en la Comandancia de la Guardia Civil de València la semana pasada.
El que fue durante dos años y medio concejal de Transportes del Ayuntamiento de València ha reconocido que donó mil euros al partido pero que no se le devolvió nada, por lo que no tiene constancia de blanqueo alguno.
Mendoza se considera «ajeno a esta historia» y ha lamentado que se le meta «en el mismo saco que una supuesta trama de comisiones» cuando él gestionó un presupuesto de 150 millones al año «sin un solo pero».
Esta situación, ha reconocido, está creando problemas personales a los ediles del PP que se han visto implicados en esta investigación, alguno de los cuales atraviesa un verdadero «drama», según Mendoza.
Sobre la posibilidad de renunciar al acta de concejal, ha manifestado que es una decisión que deben tomar los ediles en el ámbito personal y que él esperará a que se levante el secreto de sumario, al igual que Cristóbal Grau o el que fuese portavoz del grupo Alfonso Novo.
Por último, ha lamentado el «juicio mediático paralelo» al que se considera sometido junto al resto de sus compañeros de partido y ha expresado su intención de «replantearse su situación», porque «uno entra en política por convicción».