La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado por primera vez una iniciativa en la que se insta al Gobierno a derogar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana puesta en marcha por el PP en 2015 -llamada «Ley Mordaza» por sus críticos-, incluidas las denominadas «devoluciones en caliente» que el Ejecutivo llama 'rechazo en frontera'.
El PSOE aclara que no pretende una derogación total, que dejaría «sin instrumentos» a la Policía, sino volver a la Ley socialista de 1992, conocida como 'Ley de patada en la puerta' o 'Ley Corcuera', eliminando los aspectos introducidos por los 'populares' que ya recurrieron al Tribunal Constitucional.
Así, los grupos de la oposición, salvo Ciudadanos, han apoyado una proposición no de ley que ha promovido en primera instancia ERC, y que ha sido pactada con el PSOE. La votación se ha saldado con 28 votos a favor de PSOE, Podemos, ERC y Democracia y Libertad, y 15 votos en contra de PP y Ciudadanos.
En ella, se insta al Gobierno a «paralizar de manera inmediata las devoluciones en caliente en la frontera de Ceuta y Melilla, por considerar dichas prácticas no acordes a la Constitución y a los tratados internacionales firmados por España, tal y como han declarado el ACNUR y el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, entre otros».
También promueve derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, una norma en la que se «reconocen facultades excesivas de intervención a las fuerzas de seguridad, sustituyen el criterio de legalidad por el de oportunidad o eficacia para tales intervenciones, atribuyen a las fuerzas de seguridad poderes de decisión y de represión fundados en meros indicios y sospechas, desplazan las garantías judiciales, tales como restricciones de tránsito y controles en las vías públicas y comprobaciones y registros en lugares públicos».
En su intervención, el diputado del PSOE José Miguel Camacho ha censurado que con esta Ley «se conculcan derechos fundamentales» y ha pedido volver a la Ley de 1992. Por ello ha admitido la inconveniencia de derogar por completo la Ley actual porque dejaría «sin instrumentos a las fuerzas de seguridad», pero ha abogado por reformarla «para cambiar todos aquellos preceptos que ya recurrió el PSOE ante el Tribunal Constitucional». «Por lo tanto, la derogación total no tendría mucho sentido, pero sí toda la modificación que introdujo el PP en la pasada legislatura», ha zanjado.
'No' a las devoluciones en caliente
El promotor de la iniciativa, el diputado de ERC Gabriel Rufián, considera que esta ley «debería avergonzar a sus perpetradores (al PP)». A su juicio, se trata de una de las «reformas más indignas y reaccionarias» de cuantas iniciativas emprendió el «rodillo absolutista del PP» en la pasada legislatura.
Ha dicho que la norma «hace bueno, con el permiso del inefable ministro Jorge Fernández Díaz», al ministro socialista Corcuera, autor de la Ley anterior de 1992 conocida con el nombre de 'Ley de patada en la puerta'. «Es una ley que escandaliza a Amnistía Internacional y a las organizaciones internacionales pro derechos humanos, que legaliza recibir a palos y pelotazos a centenares de personas que se encaran a una valla de Ceuta y Melilla, pese al deseo que les hizo marchar de sus países», ha alertado el republicano catalán.
Desde diciembre de 2014 existe un compromiso parlamentario por derogar esta normativa en cuanto cambiase la mayoría del arco parlamentario. En concreto, uno de los puntos que más críticas generó por parte de la oposición fue el rechazo en frontera de inmigrantes en Ceuta y Melilla, lo que la iniciativa parlamentaria viene a llamar «devoluciones en caliente», que fueron recurridas ante el TC de forma conjunta por PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD, Compromis y Coalición Canaria.
Elena Ribera, de Democracia y Libertad, apoya esta ley porque más de que de seguridad ciudadana es a su juicio «de inseguridad ciudadana». Por parte de Podemos, el navarro Eduardo Santos, ha adelantado su voto a favor de la iniciativa planteada porque, entre otros puntos, ha defendido que «esta ley es un conjunto de normas que a su juicio vulneran los derechos fundamentales».
El voto en contra de PP y C's
Mientras, Diego Clemente, de Ciudadanos, tacha esta normativa de «desliz impositivo del Gobierno» y «fruto del rodillo» del PP en la pasada legislatura, que además «impone limitaciones a los derechos fundamentales recogidos en la Constitución». Según ha defendido, «hay que retocar» la ley, pero basándose en los recursos ya interpuestos sobre la misma, por lo que no ve «preceptivo derogar todos los artículos, pero sí emprender una reforma profunda».
Belén Hoyo, del PP, ha argumentado que la ley lleva más de medio año en vigor y no ha pasado nada, más allá de que la oposición haya «intentado meter miedo a la gente» cuando «España es un país seguro». La 'popular' ha subrayado que proteger los derechos humanos es algo «fundamental» y así ha criticado el discurso «demagógico y populista» de Rufián con esta iniciativa.
Según ha subrayado, en el PP son «conscientes» de las situaciones «desesperadas» que viven las personas que dejan su país por un futuro mejor y ha advertido al republicano catalán de que son «igual de sensibles» que él sobre esta casuística, aunque «más responsables porque es una irresponsabilidad no querer defender las fronteras».