El expresidente de Banesto Mario Conde y sus dos hijos, detenidos este martes acusados, entre otros delitos, de blanqueo de capitales y organización criminal, se han acogido a su derecho a no declarar y no lo han hecho ante los agentes de la Guardia Civil.
Según han informado fuentes de la investigación, Conde y sus hijos Mario y Alejandra han sidos los últimos en comparecer en las dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) ante los agentes de la Unidad Central Operativa, pero se han acogido a su derecho a no declarar.
Los tres, así como el abogado Francisco Javier de la Vega, Francisco de Asís Cuesta, María Cristina Álvarez Fernández y Roland Stanek, también arrestados en la operación Fénix, serán conducidos mañana a las 9.00 horas ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
El otro detenido en la operación, Fernando Guasch Vega-Penichet, yerno del exbanquero, fue puesto anoche en libertad por la Guardia Civil aunque los agentes le mantienen como investigado y estará a la espera de que el juez decida si le cita a declarar.
Las investigaciones han desvelado que Conde repatrió 13 millones de euros saqueados de Banesto desde ocho países distintos desde 1999, a pesar de que se declaró insolvente para hacer frente a las indemnizaciones derivadas de sus condenas e incluso pidió dinero para pagar fianzas para salir de la cárcel.
Todos los detenidos en la operación Fénix están acusados de blanqueo, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos fiscales y son sospechosos de crear un entramado de empresas en España y otros países destinado a repatriar y blanquear el dinero que Conde se apropió de Banesto.
Según los investigadores, consiguieron devolver a España al menos 13 millones de euros.
En concreto, Conde, sus hijos y el resto de testaferros transfirieron durante los últimos años diferentes cantidades desde ocho países: Suiza, Reino Unido, Curaçao, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, Luxemburgo y las islas Vírgenes Británicas.
La UCO ha practicado en la operación siete registros, entre ellos el domicilio de la familia Conde y un pazo en la provincia de Ourense, así como una empresa y un despacho de abogados.
Además de documentación y soportes informáticos, los agentes han intervenido en esos registros 160.000 euros en metálico.