El proceso de escolarización para el curso 2026/2027 en Baleares ha desatado un creciente malestar entre numerosas familias de Ibiza, Mallorca, Menorca y Formentera, que denuncian sentirse perjudicadas por un sistema que consideran injusto, poco transparente y alejado de la realidad que viven miles de ciudadanos.
Reclaman que las instituciones autonómicas revisen el modelo de escolarización para evitar que el empleo y la estabilidad económica terminen convirtiéndose, según denuncian, en una «desventaja encubierta». La indignación ha llevado incluso a poner en marcha una recogida de firmas en la plataforma Change.org que, según aseguran sus impulsores, ha conseguido cerca de 200 apoyos en menos de 24 horas.
Las críticas no se centran únicamente en los baremos o criterios técnicos utilizados durante el proceso de admisión escolar, sino en lo que consideran un problema de fondo: la sensación de que las familias trabajadoras y con arraigo en las islas han perdido peso dentro del sistema educativo.
Los promotores de esta protesta sostienen que muchas familias llevan años experimentando la misma situación. Denuncian que trabajar, pagar impuestos y mantener una vida estable ya no garantiza poder acceder «en igualdad de condiciones» a determinados centros educativos, incluso cuando existe una vinculación histórica y familiar con ellos.
En el caso de Ibiza, Víctor Quesada, afectado por esta situación, asegura que cada año aumenta el número de familias perjudicadas. Padres y madres nacidos en la isla, antiguos alumnos de colegios concretos o vinculados desde hace décadas a determinados barrios afirman descubrir durante el proceso de escolarización que sus hijos tienen menos opciones de obtener plaza en esos mismos centros que otras familias sin relación previa con ellos.
Según explican, el problema no radica necesariamente en la falta de plazas educativas o en la ausencia de recursos, sino en la aplicación de determinados criterios sociales y administrativos que consideran desproporcionados. En este sentido, cuestionan especialmente el peso que han adquirido conceptos como «vulnerabilidad», «riesgo social» o «situaciones especiales», que califican de ambiguos y difíciles de fiscalizar.
Las familias críticas con el modelo aseguran que estos criterios terminan teniendo más relevancia que factores como el arraigo, la continuidad familiar en el centro o la trayectoria de residencia y contribución a la comunidad. Esto genera, según denuncia Quesada, una sensación de abandono institucional. «Trabajar no suma, esforzarse no cuenta y construir estabilidad no tiene valor suficiente», lamentan desde este movimiento ciudadano, que considera que el mensaje que reciben muchas familias es profundamente desmotivador.
Otro de los aspectos que denuncian es la supuesta falta de transparencia en el funcionamiento del sistema. Critican que gran parte de la ciudadanía desconoce cómo se aplican realmente determinados criterios sociales, qué mecanismos de control existen o quién supervisa las valoraciones que se realizan durante el proceso de admisión. También cuestionan si existe homogeneidad entre casos similares y alertan de una creciente percepción de «arbitrariedad». Aseguran que el silencio institucional ante estas preocupaciones está aumentando todavía más la desconfianza de muchas familias hacia la administración autonómica. Desde este colectivo insisten en que sus reivindicaciones no pretenden cuestionar la protección de colectivos vulnerables ni enfrentar a distintos perfiles de familias. Defienden que reclamar «equilibrio» en los criterios de escolarización no supone ir contra nadie, sino exigir que las administraciones tengan también en cuenta la realidad de miles de familias trabajadoras que sienten que han quedado relegadas dentro del sistema.
Entre las principales demandas planteadas figuran una mayor transparencia en los criterios sociales, la implantación de controles claros y fiscalizables sobre determinadas valoraciones, así como un mayor peso para el arraigo familiar y la continuidad educativa dentro de los centros. «El problema ya no es únicamente educativo, sino también social y político», sostienen, agregando que resulta contradictorio que desde las instituciones se reclame constantemente esfuerzo, responsabilidad y contribución a la sociedad mientras, paralelamente, muchas familias perciben que esos mismos valores no son reconocidos en el acceso al sistema educativo. La recogida de firmas iniciada en internet busca precisamente abrir un debate público sobre esta situación y visibilizar el malestar existente en distintos puntos del archipiélago. Sus impulsores aseguran que cada año aumenta el número de familias que comparte esta sensación de frustración y consideran necesario abordar la cuestión «sin miedo y sin etiquetas».
El debate sobre la escolarización en Baleares ha generado en los últimos años diferentes controversias relacionadas con la falta de plazas en determinados centros, la presión demográfica en las islas y los criterios de baremación utilizados en los procesos de admisión. Sin embargo, las familias que ahora alzan la voz consideran que la situación ha alcanzado un punto límite. «Las familias están cansadas de sentirse ignoradas», afirman. Denuncian que cualquier crítica al sistema suele ser deslegitimada o interpretada como un ataque a colectivos vulnerables, algo que rechazan de forma tajante.
Mientras continúa creciendo la recogida de firmas, las familias afectadas reclaman a la administración autonómica que escuche sus reivindicaciones y abra un proceso de reflexión sobre el actual modelo educativo. Consideran que el sistema debe encontrar un equilibrio entre la protección social y el reconocimiento al arraigo y la trayectoria de las familias que llevan años formando parte de la comunidad educativa balear.
Padres encabronados porque no pueden ir a Sa Real y les mandan a Sa Bodega, porque todos los jetas que no cotizan o no han cotizado nunca tienen preferencia. Bienvenidos a la nueva europa donde el de fuera tiene más derechos que el de casa....