El Tribunal de Cuentas ha detectado que casi 30.000 fallecidos seguían cobrando una pensión en 2014 por un importe de 25 millones mensuales. Esto es, unos 300 millones de euros al año. El Tribunal de Cuentas alertado de «deficiencias» en el control de la Seguridad Social en 2014 sobre el fallecimiento de pensionistas cuya prestación se seguía pagando, así como de «retrasos» en la reclamación de cobros indebidos de prestaciones, lo que ha provocado la prescripción de algunas deudas.
El pleno del Tribunal aprobó el «Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social, ejercicio 2014» en el que también se ha detectado una «deficiente comunicación» entre el INSS y la Tesorería.
El informe advierte de las «lagunas» en el control que el INSS realiza sobre el fallecimiento de los perceptores de una pensión, debido, sobre todo, a las «carencias» de la información que remiten la Dirección General de los Registros y del Notariado y el Instituto Nacional de Estadística.
También se achaca a los criterios establecidos por el INSS para efectuar el cruce informático, «que no garantizan que a partir de la información disponible se detecten y se den de baja a todos los pensionistas fallecidos».
El Tribunal afirma que el INSS no tiene establecido un control de vivencia de los beneficiarios de una pensión «y las entidades financieras colaboradoras en el abono de las pensiones tampoco efectúan de manera sistemática dicho control». Estas «lagunas» han determinado que durante el periodo 2012-2014 haya prescrito el derecho a reclamar las deudas por un importe de, al menos, 10,28 millones de euros.
Por ello, el Tribunal insta a las entidades financieras a que efectúen un control de vivencia de los pensionistas.