Junts pel Sí (JxSí) y la CUP han hecho valer este miércoles su mayoría absoluta de 72 diputados en el Parlament para aprobar las conclusiones del proceso constituyente, que abren una vía unilateral a la independencia, desobedeciendo así al Tribunal Constitucional (TC) para aplicar el «mandato democrático» del 27S.
Tras un bronco debate cargado de tensión y en el que han intervenido los principales líderes parlamentarios de la oposición para dejar claro su rechazo, las dos fuerzas independentistas han conseguido aprobar, con sus 72 votos a favor, las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, pese a que el TC había lanzado una advertencia para intentar evitar la votación.
Antes de la votación, los diputados de Ciudadanos y PPC han abandonado el hemiciclo para desentenderse del resultado, mientras que los parlamentarios del PSC han permanecido en sus escaños pero no han ejercido su derecho al voto y los 10 de Catalunya Sí que es Pot presentes en la cámara han votado en contra.
Justo al término de la sesión de control al presidente de la Generalitat, el presidente del grupo parlamentario de JxSí, Jordi Turull, ha pedido la palabra para pedir que se amplíe el orden del día, una solicitud a la que se ha sumado inmediatamente la portavoz parlamentaria de la CUP, Anna Gabriel.
Inmediatamente después, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, les ha interrogado sobre si eran «conscientes» del auto del TC que llama a la cámara a no elevar al pleno las conclusiones.
«De lo que somos conscientes es del mandato democrático del 27 de septiembre», ha replicado Turull, que ha invocado el artículo 57.1 del Estatut, que reza: «Los miembros del Parlament son inviolables por los votos y las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato tendrán inmunidad a los efectos concretos de no poder ser detenidos salvo en caso de flagrante delito».
Por este motivo, «no admitimos ninguna amenaza por los votos y por las opiniones que emitimos», ha sentenciado Turull.
Después de unos minutos de fuego cruzado, se ha procedido a votar la petición de ampliación del orden del día, aprobada con los votos de JxSí y la CUP, y acto seguido los grupos han tomado la palabra para posicionarse sobre el contenido de las conclusiones.
La portavoz parlamentaria de Junts pel Sí, Marta Rovira, ha afirmado que las conclusiones emanan del «mandato» obtenido el 27S y ha preconizado un debate constituyente de base ciudadana, participativo, consensuado, no subordinado y «unilateral».
Más explícita aún ha sido la diputada de la CUP Gabriela Serra, que ha defendido que el resultado de las elecciones del 27 de septiembre avalan al Parlament para practicar la «desobediencia» y ha asegurado que harán «todo lo posible» para que se celebre un referéndum unilateral de independencia el primer semestre del 2017.
La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha denunciado una «flagrante vulneración» de la ley, en lo que ha calificado de «auténtico golpe a la democracia» protagonizado por Junts pel Sí y CUP, que a su juicio están «desconectados de la realidad».
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha acusado a JxSí y la CUP de buscar el «enfrentamiento directo» entre el Parlament y el TC al aprobar unas conclusiones sobre el proceso constituyente que a su juicio «derogan de facto» el Estatut.
El portavoz de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, ha afirmado que las conclusiones «son un engaño» y ha puesto en duda la voluntad de desobediencia de JxSí tras recordar los múltiples recursos del Govern ante el TC.
El líder del PP en el Parlament, Xavier García Albiol, ha avisado a los grupos independentistas de que «no les va a salir gratis» el «acto antidemocrático» y el «golpe contra el TC» que implica a su juicio las medidas unilaterales a la secesión votadas en el pleno.
Al término del debate, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha pedido la palabra para replicar la advertencia de García Albiol de que a los independentistas «no les va a salir gratis: Me gustaría preguntarle si es que tiene algún tipo de información privilegiada del Ministerio del Interior. ¿O quizás es que tiene algún fiscal que les está 'afinando' alguna actuación?».