La Fiscalía se ha querellado este miércoles contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a quien acusa de un «ejercicio desviado» de sus funciones para impulsar su proyecto político «por la fuerza de los hechos consumados», al permitir votar la hoja de ruta independentista, que «dinamita» la Constitución.
En su querella, presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la Fiscalía atribuye a Forcadell los delitos de prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) porque en el pleno del pasado 27 de julio permitió que la cámara catalana votara las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que abrían la puerta a una vía unilateral hacia la independencia.
La querella, presentada dos días después de que la Fiscalía General del Estado lo ordenara a la Fiscalía Superior de Cataluña, ha sido interpuesta ante el TSJC, dada la condición de aforada de Forcadell, por lo que ahora el alto tribunal catalán tendrá que decidir en los próximos días si la acepta a trámite.
En su querella, la Fiscalía recrimina a Forcadell que utilizara «torticeramente» el reglamento del Parlament para poner en marcha por la «vía de hecho» su «designio secesionista» de forma «inequívoca e irreversible», pese a las «claras advertencias» del TC, que la había instado a impedir o paralizar cualquier iniciativa que ignorase la suspensión de las resoluciones soberanistas que habían dado pie a la comisión de estudio del proceso constituyente.
Para la Fiscalía, Forcadell actuó «manifestando una voluntad inequívoca e irreversible de llevar adelante su proyecto político por la fuerza de los hechos consumados, con total desprecio de la Constitución de 1978, del ordenamiento emanado de la misma» y de los pronunciamientos del TC y de la Mesa del Parlament.
Con esta voluntad, según la querella, Forcadell «procedió a dar impulso al proceso constituyente de imposible encaje en el ámbito competencial del Parlament, en la ordenación territorial del Estado y en los procedimientos establecidos de reforma constitucional y estatutaria, integrando una pura vía de hecho».
El ministerio público considera que la presidenta del Parlament actuó de forma «arbitraria» y tomó medidas que posibilitaron la votación de las conclusiones de la comisión de estudio «pese a su contradicción flagrante con la Constitución».
«La querellada -sostiene la Fiscalía- posibilitó la aprobación de una resolución que de manera expresa trata de desvincular a las Instituciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña del sistema constitucional, dinamitando el sistema de distribución de competencias establecido en el modelo de ordenación territorial del Estado del Título VIII de la Constitución».
Según la Fiscalía, la actuación de Forcadell no supone una «mera infracción del ordenamiento constitucional, susceptible de ser resuelta por los mecanismos ordinarios de la jurisdicción contencioso-administrativa o constitucional», sino que «pretende su abierta y deliberada derogación», por lo que le atribuye un delito de prevaricación, asentando en el «arbitrario ejercicio» de unas potestades para las que el Parlament carece de competencias.
En su escrito, el ministerio público subraya que Forcadell acordó someter a votación la aprobación de la hoja de ruta independentista «con cabal conciencia de que con su pronunciamiento impulsaba un trámite constitucionalmente ilegítimo, viciado de raíz por falta absoluta de competencia dentro de la ordenación territorial del Estado y extravagante de las genuinas funciones parlamentarias».
La Fiscalía apunta que Forcadell no se puede amparar en el privilegio de la inviolabilidad de la que gozan los diputados, porque la ley sólo protege su libertad de expresión cuando contribuyen a conformar la voluntad de la cámara, pero no supone un «privilegio personal que les inmunice de responsabilidad por actos manifiestamente ilegales ejecutados al margen o en contra del propio sistema parlamentario».
La querella recuerda que el TC había anulado la resolución del Parlament del 9N de 2015 que abría la puerta a constituir la comisión de estudio del proceso constituyente, por lo que los actos desarrollados por Forcadell «para poner en práctica el designio secesionista encarnado en la misma desbordaron claramente la excusa absolutoria, para convertirse en puras vías de hecho, ajenas al normal desempeño de su función representativa».
Respecto a la desobediencia, remarca que el «carácter abierto» de la negativa de Forcadell a dar cumplimiento a la resolución de suspensión emanada del Tribunal Constitucional es «manifiesto».
Por ello, advierte de que el «pretendido ardid elucubrado para evitar la intervención de la Mesa y trasladar la eventual responsabilidad a un pleno irresponsable no es sino una camuflada retórica al servicio del incumplimiento».
La querella, que queda abierta a poderse extender a otras autoridades y cargos públicos en función del resultados de una eventual instrucción judicial, subraya que la presidenta del Parlament autorizó la votación porque se lo pidieron en el pleno los presidentes de los grupos de JxS, Jordi Turull, y la CUP, Anna Gabriel, «pese a ser consciente» de que contravenía al TC.
El ministerio público solicita que el TSJC cite a Forcadell como investigada y que se aporte en la causa su histórico penal, además de todas las resoluciones adoptadas por el Parlament con posterioridad a la suspensión acordada por el TC sobre el 9N.