El Gobierno ha requerido a la Mesa del Congreso que reconsidere su decisión de iniciar la tramitación de dos proposiciones de ley, una para suspender el calendario de implantación de la LOMCE, que ya pasó por el pleno el pasado martes, y otra de modificación del estatuto de los trabajadores.
La solicitud del Gobierno se produce después de que la Mesa del Congreso levantara el pasado 18 de octubre el veto del Gobierno sobre estas dos iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios.
La Constitución otorga al Ejecutivo la capacidad de oponerse a la tramitación de las proposiciones de ley que afectan a los ingresos o gastos presupuestarios como, a su juicio, sucede con estas dos iniciativas.
Según el Gobierno, la suspensión del calendario de la LOMCE conllevaría pérdidas de ayudas del Fondo Social Europeo por valor estimado de 615 millones de euros, y una caída de los ingresos de 43 millones por la reforma del estatuto de los trabajadores.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que la intención del Ejecutivo no es imponer sus tesis, sino garantizar que una ley capital como son los presupuestos no queda modificada por otras normas de menor rango.
«Es una cuestión de trasfondo político y esperamos que la Cámara lo reconsidere», ha destacado Méndez de Vigo, que ha remarcado que se trata de una controversia jurídico-constitucional que es necesario resolver.
En una nota, el Ejecutivo avanza que si la Mesa del Congreso vuelve a desestimar su solicitud, ello «abocaría al Gobierno al planteamiento del conflicto ante el Tribunal Constitucional».
Por contra, si la Cámara baja acepta los argumentos del Gobierno y revoca su acuerdo del 18 de octubre, supondría la anulación de todo el trámite parlamentario de las dos iniciativas, especialmente la aprobación por el pleno el pasado martes de la toma en consideración de la proposición de ley de suspensión del calendario de implantación de la LOMCE.
Según el Ejecutivo, la decisión del Congreso de levantar el veto del Gobierno es contraria a la Sentencia del Tribunal Constitucional 223/2006, de 6 de julio, que señala que la Mesa no puede «emitir un juicio sobre el carácter manifiestamente infundada o no de tal oposición», pues ello supondría trasladar la facultad constitucional de oposición del Gobierno a la propia Cámara.
Recuerda además, que el requerimiento al Congreso constituye el trámite previo al planteamiento ante el Tribunal Constitucional de un conflicto entre órganos constitucionales del Estado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 73 a 75 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.