El Gobierno reconoce que 52 guardias civiles se han suicidado en los últimos cinco años, según figura en una respuesta parlamentaria al diputado socialista Antonio Hurtado, a la que ha tenido acceso Efe.
Hurtado remitió al Ejecutivo una pregunta, para su respuesta por escrito, en la que le solicitaba información sobre el número de suicidios en la Guardia Civil en los últimos cinco años, desglosado por ejercicios, cargo y comunidades autónomas.
La respuesta ofrece datos desde 2012 y hasta el 28 de octubre de 2016, un periodo en el que se registraron 52 suicidios, con Andalucía como la comunidad con más casos, con un total de 14, por delante de los 11 de Madrid.
Por años, en 2012 y en 2014 se contabilizaron doce en cada ejercicio; en 2016 y hasta octubre, once; en 2013, nueve, y en 2015, ocho.
En declaraciones a Efe, Hurtado ha considerado necesario hacer «un estudio pormenorizado sobre las razones que coadyuvan a que el índice de suicidios sea superior a la media de la sociedad».
Antonio Hurtado también ve imprescindible intentar analizar de qué forma pueden influir en esas tasas más altas las «condiciones y circunstancias laborales».
La Dirección General de la Guardia Civil ya recordó que en su día que el cuerpo cuenta desde 2005 con un protocolo de conductas suicidas, incluido en un Plan Preventivo de Asistencia Psicológica.
Se trata de un plan ejecutado por el Servicio de Psicología como herramienta procedimental imprescindible para intervenir en los tres niveles de prevención: primario (alertas tempranas), secundario (situaciones de riesgo) y terciario (cuando existen episodios de conductas autolíticas -atentar contra su vida-).
Y resaltó que los continuados análisis de evaluación de las circunstancias concurrentes «ponen de manifiesto que son preponderadamente factores ajenos a la institución los presentes en estas desgraciadas situaciones» (los suicidios).
No opinan así asociaciones profesionales del instituto armado como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha expresado su preocupación por esos índices de suicidios que, según subraya a Efe su secretario general, Alberto Moya, suponen un fallecimiento por cada 26 días.
Moya cifra en casi 500 el número de muertes por suicidio en la Guardia Civil, un 90 por ciento de ellos con armas de fuego reglamentarias, y dice que mientras la tasa media en el cuerpo es de 16,49 por 100.000 personas, la de la población en general es de 11,78 y la de la Policía Nacional de 12,28.
Para Moya, esto «descarta» la explicación de que esas tasas más elevadas se deban sólo a causas personales y familiares o al riesgo añadido que supone trabajar con armas de fuego o ser propietario de éstas.
Lejos de ello, el secretario general de AUGC ve detrás las «diferencias laborales con otros cuerpos policiales, junto a las dificultades para defender sus derechos», además de una idiosincrasia propia de la institución «anclada en una visión de sus recursos humanos más propias del paternalismo decimonónica que de la etapa democrática en la que vivimos».
Prevenir el suicidio supone hablar de él, añade Moya, para quien la Dirección General de la Guardia Civil debe establecer «estrategias contundentes» para estudiar cómo afecta el trabajo a sus miembros y a sus familias, «realizando un importante ejercicio de transparencia y tratando el problema como lo que realmente es; un problema laboral y de salud pública de primer orden».