La acusación que ejerce la Asociación Observatoria de Drets Humans (DESC) en el caso de la presunta caja B del PP ha pedido al juez que investigue si alguien pagó al presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, por su silencio en relación con ese caso.
Lo ha hecho en un escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata después de que Correa decidiese no declarar ante él a pesar de que en su declaración en el juicio de Gürtel dijera que intermedió en el pago de comisiones del 3 % al PP por parte de grandes constructoras a cambio de adjudicaciones públicas.
Esa confesión motivó la reapertura de la investigación y que De la Mata citara a Correa, quien, sin embargo, se negó a declarar ante él al tiempo que le transmitía su voluntad de colaborar con la justicia. De hecho, el juez le recriminó que colaborase «a la carta».
Ante esta situación, la Asociación ha presentado un escrito en el que pide al magistrado que reclame a Instituciones Penitenciarias el listado completo de visitas que, por cualquier motivo o circunstancia, haya recibido Correa desde su ingreso en la cárcel de Valdemoro.
Y, una vez recabada esa información, que se traslade a la unidad dedicada a investigar esta pieza para que investigue y determine «de dónde salió ese dinero, quién lo pagó y por cuenta de quién».
Se apoya la acusación en una información publicada por Interviú en la que se hablaba de que Correa había recibido «un coche lleno de dinero» y recuerda que el reo no ha ejercido su derecho de rectificación ni ninguna acción penal contra la revista.
La Asociación Observatoria de Drets Humans (DESC) cree que esa información es cierta y que hay «razones ilegítimas e ilegales» por las cuales Correa «se ha visto forzado a adoptar una actitud procesal carente de cualquier lógica».
Expone que, de ser ciertos esos hechos, se trataría no ya de unos «hechos graves», sino de «unos auténticos indicios de criminalidad».
«Nos encontramos ante un caso que bien puede ser calificado de criminalidad organizada», concluye el escrito.