El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ordenado a la Abogacía del Estado que pida al Tribunal Constitucional que paralice la tramitación del proyecto de ley de referéndum en el Parlamento catalán y que se actúe contra la presidenta de la Cámara legislativa regional, Carme Forcadell, por la posible comisión de un delito penal, así como contra los miembros de la Mesa del Parlamento que hayan votado a favor de la tramitación de la citada norma.
Así lo ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha aclarado que el jefe del Ejecutivo ha pedido a la Abogacía del Estado que presente un incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional (TC) para que declare nulas las decisiones que ha adoptado hoy la Mesa del Parlamento catalán para dar trámite al proyecto de ley de referéndum. El asunto, según el Gobierno, ha sido ya registrado.
PLENO COMO UN ACTO DE FUERZA CONTRA LA DEMOCRACIA
Santamaría ha hecho una contundente declaración institucional en la que ha cargado especialmente contra Forcadell por actuar conscientemente en contra de la legalidad y las resoluciones del Tribunal Constitucional: «Demuestra que bajo su mandato ha muerto la democracia», ha dicho la vicepresidenta.
Ha calificado de «abochornante» el «espectáculo» del Pleno de hoy en el Parlament, un «acto de fuerza contrario a la democracia» y a los derechos de los parlamentarios, los derechos de los catalanes y de las competencias de los funcionarios. «El Gobierno garantiza que se mantendrá la dignidad de las instituciones», ha sentenciado.
El primer paso dado ya es lo que se denomina incidente de ejecución de sentencia, por el que el Gobierno solicita al TC que declare nulos y sin efecto la admisión a trámite de la ley del referéndum y todos los actos que se derivan de ella; también, el rechazo de las consideraciones planteadas por los grupos parlamentarios de Ciudadanos, PSC y PP en el Parlament contra esa admisión, así como la inclusión del proyecto en el orden del día del Pleno de hoy.
El Ejecutivo entiende que estos pasos del Parlament vulneran la sentencia del Constitucional de diciembre de 2015, la de julio de 2017 y los autos del julio y de octubre de 2016 y de febrero de 2017, todos ellos contrarios a la organización del referéndum de autodeterminación que se anuncia para el 1 de octubre y que prohíben cualquier paso hacia su celebración.
Además, la vicepresidenta ha precisado que el Gobierno solicita también al TC que proceda a deducir testimonio de particulares, que abra la vía para que se exijan responsabilidades penales a la presidenta del Parlament, a los miembros de la Mesa que han votado a favor y a «cualquier otra persona» que haya participado activamente en los procesos impugnados.
Santamaría ha explicado que se deben exigir esas responsabilidades porque el Constitucional obliga a los poderes públicos «a cumplir lo que el tribunal resuelva». «Nadie en ese Parlamento debe ignorar que votar esa proposición de ley tiene graves consecuencias y que debe respetar al menos la democracia a la que ha jurado servir», ha agregado. Estos miembros de la Mesa ya han sido apercibidos anteriormente por el TC por no impedir la reforma del reglamento del Parlament que permite la tramitación exprés de las leyes de desconexión.
NUEVOS RECURSOS ANTE EL TC
La vicepresidenta ha explicado que estos pasos tratan de evitar que la ley del referéndum se incorpore al ordenamiento jurídico, aunque ha insistido en que es una forma de hablar porque «ha desaparecido cualquier apariencia de democracia de la mano de la señora Forcadell».
Pero si aún así la ley se aprueba, el Gobierno se reunirá entonces en Consejo de Ministros para interponer recurso de inconstitucionalidad, previo informe del Consejo de Estado. Este mismo procedimiento se seguirá si la Generalitat decide aprobar un decreto de convocatoria del referéndum.
«Que nadie dude que sabemos lo que tenemos que hacer y que lo haremos», ha subrayado Sáenz de Santamaría, que ha recordado que el Gobierno cuenta con el respaldo de otros partidos políticos y especialmente de PSOE y Ciudadanos. Fuentes del Ejecutivo han precisado que es permanente el contacto con los líderes de ambos partidos, tanto el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como el presidente de Cs, Albert Rivera.
«El Gobierno de la Generalitat y los partidos que lo sostienen actúan de la manera más radical que hay contra la ley y la democracia. Se impone la radicalidad, se impone el silencio y se impone la amenaza. El Gobierno no va a permitir que la ley se incumpla», ha recalcado.