El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado esta mañana un paquete de medidas «novedosas» para controlar los gastos de la Generalitat de Catalunya y que suponen 'de facto' una intervención parcial de las cuentas de esa comunidad autónoma. Con la decisión adoptada hoy en el Consejo de Ministros, el Estado asumirá el pago directo de los servicios públicos fundamentales de Catalunya, como las nóminas, la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales. Esto supondrá administrar buena parte de los 1.400 millones mensuales que el Gobierno libra a la Generalitat a cuenta del sistema de financiación autonómica.
Montoro ha explicado que el Gobierno ha tomado esta decisión «ante la situación de manifiesta ilegalidad» en que está incurriendo el Ejecutivo de Carles Puigdemont. Se trata, ha dicho, de un mecanismo «de control de pagos novedoso» en términos de la «intervención del Estado» ya que no se habían adoptado nunca antes. «Se ha hecho por la excepcionalidad de la situación que vivimos», ha justificado el ministro y en base a la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Pero ha querido dejar claro que «no afecta al ejercicio de las competencias». «No asumimos competencias», ha remachado Montoro antes de recalcar que la Generalitat seguirá decidiendo qué cantidad de dinero va a Sanidad, a Protección ciudadana y Educación.
Lo que sí quiere garantizar el Gobierno de Mariano Rajoy es que «ni un euro» del erario público se va a destinar a una actividad ilegal como lo es el referéndum de independencia convocado para el 1 de octubre y también pretende asegurarse de que se cumplen los objetivos de estabilidad.
La aprobación de estas medidas por parte del Gobierno se produce después de que ayer, el vicepresidente de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, comunicara a Hacienda que no iba a informar semanalmente de los gastos del Ejecutivo de Carles Puigdemont. También ayer la interventora general de la Generalitat trasladó al Ministerio que iba a acatar la orden de su jefe de no informar de los gastos. Una actitud que ha sido comunicada a la Fiscalía.
Para aplicar estas medidas, el Ministerio emitirá un requerimiento al presidente Carles Puigdemont para que haga un acuerdo de no disponibilidad de crédito en relación con esas partidas en un plazo de 48 horas y si esta petición no es atendida, será el Ministro de Hacienda quien adopte la decisión.
CERTIFICADO FIRMADO POR LA INTERVENCIÓN GENERAL
Según Montoro, la Generalitat deberá comunicar al Ministerio todos los importes que se pagan con cargo a esas partidas del sistema de financiación a través de los informes de la interventora general de la Generalitat, quien deberá firmar, además, un «certificado» de que no se está financiando nada ilegal con cargo al erario público.
Con estos datos, será el Gobierno quien realice directamente los pagos de las nóminas, Educación, Sanidad y Servicios Sociales que suman buena parte de los 1.400 millones de euros que recibe Catalunya cada mes con cargo al sistema de financiación autonómica.
Se trata de aplicar el mismo sistema que se había venido utilizando con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con el que el Gobierno paga directamente las facturas de los proveedores de las CCAA y los vencimientos de deuda. Estas facturas se cargan a la plataforma FACE de Hacienda y los pagos son liberados por el ICO.
Hacienda no tocará la partida correspondiente a los impuestos cedidos a Catalunya y que supone una recaudación de entre 240 y 250 millones al mes. «Ellos tienen una capacidad de financiación pequeña y en eso no entramos», ha expuesto Cristóbal Montoro.
Además, el ministro ha explicado que las operaciones de endeudamiento tanto a largo como a corto plazo deberán ser autorizadas a partir de ahora por Hacienda. Hasta el momento era obligatorio el permiso del Consejo de Ministros para las operaciones de endeudamiento a largo plazo de las CCAA acogidas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), las incumplidoras del déficit y la regla de gasto.
Las medidas se publicarán al inicio de la próxima semana y comenzarán a correr los plazos y aunque Montoro no ha precisado durante cuánto tiempo estará el Gobierno controlando los pagos de la Generalitat, sí ha precisado que lo hará mientras «dure la situación de excepcionalidad» y mientras «se sigan negando a cumplir la ley y pongan en riesgo la prestación de servicios públicos, las transferencias a las familias y los pagos a la dependencia» que, ha añadido, se garantizan con las medidas que ha adoptado el Gobierno.
ELUDE EXPLICAR SI SE APLICARÁ EL 155
Cristóbal Montoro no ha querido precisar si, en caso de incumplimiento reiterado de la Generalitat, aplicará el artículo 26 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que prevé la intervención parcial de la autonomía, con acuerdo del Senado, en consonancia con el artículo 155 de la Constitución.
Sí ha recalcado que le parece «muy válido» que se mencione la Ley de Estabilidad Presupuestaria porque es uno de los «principales vehículos» para adoptar las medidas acordadas hoy. Pero dijo que iba a centrarse en explicar estas medidas que, en su opinión, «es imposible que no se cumplan» porque cree que la Generalitat no pedirá que no se paguen los servicios públicos en su afán de incumplimiento con las normas estatales.
En este sentido, Montoro se ha preguntado «a quién le molesta el control de la legalidad» y «qué quiere hacer la Generalitat con el presupuesto si no es capaz de informar de que los están usando para pagar la Sanidad, la Educación o la dependencia...». «¿Qué es lo que están pensando pagar?», se ha preguntado antes de espetar: «esto es lo que vamos a evitar, las malas ideas».
«VAMOS A EVITAR LAS MALAS IDEAS»
Al ser preguntado si el Gobierno tiene conocimiento de cómo está financiando el Ejecutivo catalán el referéndum del 1 de octubre, el ministro ha precisado que a él no le consta que exista un «fondo de reptiles» y que eso sólo se puede afirmar desde el desconocimiento de lo que es el control presupuestario.
A este respecto ha explicado que hasta final de agosto tienen la seguridad de los datos que ha facilitado la intervención general, aunque ha matizado que él no se puede pronunciar a estas alturas si «puede haber habido un falseamiento de documento público» en relación con esos datos.
Lo que sí ha querido dejar claro es que tampoco puede haber ni un euro privado a pagar una actividad que es ilegal. «Un referéndum ilegal no puede tener ninguna financiación, sea pública o privada y eso es lo que estamos garantizando con estos mecanismos», ha apostillado.