El Gobierno catalán ha decretado este viernes el cese del secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, tras el "despropósito" de que el TC le prevea imponer una multa diaria de 12.000 euros por la organización del 1-O, por la que también está detenido desde el miércoles. Sin embargo, el*TC avisa de que la mera renuncia al cargo o el cese de Jové o los síndicos no suspende la imposición de sanciones.
El objetivo es "proteger" ante esta decisión del TC, ha dicho el consejero de la Presidencia, Jordi Turull, en rueda de prensa tras un Consejo Ejecutivo extraordinario del Gobierno catalán.
El también portavoz del Gobierno regional ha lamentado que el TC "ordenaba ayer al señor Jové una serie de acciones cuando él está detenido y es imposible que las haga".
"Básicamente lo que le pide es 'o te autoinculpas o multa cada día de miles de euros", lo que Turull ha tachado de despropósito absoluto, y por eso le han cesado.
También ha constatado "un reconocimiento y un agradecimiento profundo y una absoluta confianza" de todo el Gobierno catalán hacia Juvé, cuyas funciones se asumirán desde ahora en la Generalitat como determine Junqueras, responsable de la Vicepresidencia y de Economía.
Este jueves, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) impuso multas diarias a Jové de 12.000 euros diarios si insiste en su desobediencia a este órgano, la misma que ha impuesto además para cada uno de los cinco miembros de la sindicatura que ejerce a modo de Junta Electoral Central de cara al 1 de octubre (igualmente, si persistieran).
EL TC AVISA DE QUE LA MERA RENUNCIA AL CARGO O EL CESE DE JOVÉ O LOS SÍNDICOS NO SUSPENDE LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES
Sin embargo, el mero cese o renuncia de los cargos electorales y los síndicos del referéndum del 1 de octubre que fueron advertidos este jueves por el Tribunal Constitucional (TC) con multas diarias no suspenderá de forma automática la imposición de las mismas, han señalado este viernes fuentes de este órgano. Antes de ello, los magistrados valorarán en cada caso concreto si estas personas han dado cumplimiento o no a sus resoluciones.
Así ocurrirá por ejemplo con respecto al secretario general de Vicepresidencia y Economía del Gobierno de Cataluña, Josep Maria Jové
--detenido en la operación policial del pasado miércoles-- que ha sido cesado este viernes con el objetivo de que pueda eludir la multa diaria de 12.000 euros que fijó para él el TC como responsable de la organización electoral.
Fuentes del Constitucional han señalado a Europa Press que los magistrados tendrán que valorar si este cese supone cumplir con lo que señala el auto referido a Jové y a la responsable del área de Procesos Electorales Monserrat Vidal Roca. Se les pidió en concreto que "justifiquen ante el tribunal que han revocado las resoluciones adoptadas, paralizado por completo toda actuación considerada como incumplimiento de la suspensión del referéndum y comunicado a los destinatarios de dichas resoluciones que las mismas han quedado sin efecto".
Si en unos días --probablemente pasada ya la fecha del 1 de octubre-- el tribunal considera que pese al cese Jové no ha dado cumplimiento a estas peticiones podría igualmente multarle, teniendo en cuenta cuántos son los días de incumpliento.
La misma valoración se realizará respecto de los siete miembros de la sindicatura electoral designada por el Parlamento de Cataluña y de los 15 síndicos territoriales, a los que se les exigió concretamente la revocación de todas las resoluciones y acuerdos que hayan adoptado, la comunicación de tal revocación a sus destinatarios y la renuncia a sus cargos.
Esta indicación también es aplicable a Carme Vilanova Ramón, que aparece citada como presidenta de la sindicatura del Arán en el auto pese a que desde su entorno se asegura que nunca aceptó tal cargo y que así lo comunicó al propio tribunal de garantías el pasado día 15. Dicha comunicación será uno de los elementos a valorar por el tribunal, según las mismas fuentes.
Una vez se realicen todas las valoraciones, el Tribunal Constitucional remitirá a Hacienda el listado de las personas que deben ser multadas y las cantidades que se les reclaman, en función de los días que se consideren que han insistido en su desobediencia a este órgano.
El Pleno del TC acordó ayer de forma unánime la imposición de multas diarias de 12.000 euros para cada uno de los siete miembros de la sindicatura creada por el Parlamento de Cataluña para ejercer a modo de junta electoral de cara al referéndum del próximo 1 de octubre. En el caso de los síndicos territoriales estas multas ascienden a 6.000 euros.
Estos incumplimientos habrían consistido no sólo en la designación de los miembros de las sindicaturas de demarcación, sino también en la adopción de resoluciones referidas al tamaño de las papeletas, los plazos para la presentación de organizaciones interesadas en el referéndum o para la validación del llamado "manual de instrucciones para los representantes de la Administración y para los miembros de las mesas electorales".
EL GOBIERNO CATALÁN ES EL RESPONSABLE
Por otro lado, Turull ha asegurado que "ninguna coacción de éstas, ningún despropósito, por muy grande que lo quieran hacer, frenará nada" en el compromiso del Gobierno catalán, que es responsable en su conjunto del 1-O, ha dicho.
"El responsable del referéndum, por mandato del Parlament, es el Govern", es decir, el presidente, el vicepresidente y todos sus consejeros, que asumen todas las responsabilidades.
Según Turull, lo ocurrido con Jové no tiene precedentes y será "un ejercicio práctico de lo que no es el derecho en las facultades", y ha explicado que todas los detenidos tienen si quieren la asistencia jurídica garantizada de la Generalitat.
Al ser preguntado sobre si prevén que la acción judicial y policial del Estado pueda llevar a la detención de algún consejero y hasta del presidente, ha respondido que desconoce qué pasará, pero "del Estado, menos política y diálogo, se puede pensar de todo".
"Estamos tranquilos porque ninguna coacción ni intimidación parará nada. Esto ya está en manos de la gente", y no ha querido revelar si los catalanes recibirán las tarjetas censales para votar el 1-O, reiterando que según qué informaciones las sabrán todos los ciudadanos al mismo tiempo, viendo --ha añadido-- cómo se trata a terceros.
SANTAMARÍA "LO MENOSPRECIA TODO"
También ha dicho que la vicepresidenta del Ejecutivo central, Soraya Sáenz de Santamaría, "menosprecia todo lo que sale de Cataluña y utiliza el Código Penal como respuesta", pero ha añadido que no conseguirá que caigan en su juego.
Y, al ser preguntado si contemplan una huelga general, Turull ha insistido en que el único planteamiento del Gobierno catalán es votar el referéndum del 1-O.