La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela considera que se deben acumular en el Tribunal Supremo las causas que investigan el proceso independentista en Catalunya porque se trata de delitos «conexos» y por tanto la escisión de la instrucción «dificultaría enormemente» la investigación conjunta de la organización del referéndum del 1 de octubre y la posterior declaración de independencia.
Así lo expone la magistrada que instruye la causa en la Audiencia Nacional contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsellers por los delitos de sedición, rebelión y malversación en su informe remitido al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga por su parte a los exmiembros de la Mesa del Parlament y que pidió valoración a las partes sobre la posible acumulación de todas las causas judiciales abiertas por el proceso soberanista.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 considera que todas las personas querelladas forman parte de «una compleja y heterogénea organización» que desde 2015 --año en que arrancó el plan independentista-- viene desarrollando una premeditada estrategia «perfectamente coordinada con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles».
Por ello entiende que la investigación a los exmiembros del Govern por un lado y a los parlamentarios aforados por otro, no debe ser escindida, «sino que debe realizarse de forma conjunta y en un único procedimiento a fin de poder determinar y valorar con conveniente coherencia la participación concreta de cada una de las personas investigadas y los delitos en que cada uno puede haber incurrido».
La juez describe un organigrama integrado desde el ámbito legislativo, ejecutivo y la sociedad civil.
En este último punto se refiere al papel que juegan en la deriva soberanista las entidades de ANC y Òmnium Cultural, a su juicio «asesores ideológos» del proceso de desconexión. Sus dos líderes, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, también están siendo investigados en esta causa junto con el exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana por el delito de sedición.