El Consejo de Ministros ha acordado este viernes impugnar ante el Tribunal Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat firmada por el presidente del Parlament y publicada en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma. Se trata de cumplir con su «obligación» de «defender España» y «evitar otra afrenta» del expresidente catalán a la democracia, en palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
De esta forma, el Ejecutivo mantiene así su criterio de recurrir esa candidatura firmada por Roger Torrent el pasado día 22 y publicada el 23 de enero y de hacerlo a pesar de contar con el criterio discrepante del Consejo de Estado, que no cree que sea el momento de acudir al Tribunal Constitucional.
«El señor Puigdemont está en busca y captura. Ése es el quid de la cuestión», ha enfatizado la vicepresidenta, que ha agregado que este recurso se presenta «con todo respeto al parecer del Consejo de Estado». El Gobierno cree que es la vía de «evitar que alguien huido de la justicia pueda de forma ilegítima ser investido y ponerse al frente de un gobierno autonómico».
Si el Tribunal Constitucional admite a trámite este recurso contra la candidatura de Puigdemont, --en una sesión que el Gobierno espera que se celebre antes del martes, cuando Torrent ha convocado el pleno de investidura--, se suspenderá automáticamente la celebración de ese pleno. Si ese Pleno sigue adelante los miembros de la Mesa del Parlament podrían incurrir en desobediencia y se podrá actuar contra ellos.
«DEFENDER ESPAÑA Y EL ESTADO DE DERECHO»
En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, Sáenz de Santamaría ha recalcado que el Gobierno tiene entre sus obligaciones «defender España y el Estado de Derecho», así como un «absoluto compromiso con la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña». Según ha añadido, tienen «el compromiso político» y el «deber constitucional» de hacer todo lo posible para evitar que se vulnere la ley, utilizando «todos los instrumentos legales» para que Puigdemont no «vuelva a desafiar al Estado de Derecho».
Ante el revés del Consejo de Estado, Santamaría ha justificado seguir adelante porque Puigdemont está en busca y captura en España por los delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia al negarse a «rendir cuentas ante el Tribunal Supremo». Según ha subrayado, se trata de «delitos muy graves contra la propia democracia y las instituciones del Estado» que le «impiden» ser investido presidente.
Santamaría ha señalado que «respetan» el criterio jurídico del Consejo de Estado pero ha recordado que ese dictamen, aunque es preceptivo solicitarlo, no es «vinculante». De hecho, ha señalado que el Gobierno cree que tiene argumentos legales suficientes para impugnar esa candidatura y evitar que Puigdemont «pueda continuar con este desafío al Estado de Derecho y a la legalidad», sustrayéndose a la acción de la Justicia.
IMPEDIR QUE SE «CONSUME» ESA INVESTIDURA
Al ser preguntada si para el Gobierno ha sido una sorpresa el informe del Consejo de Estado desaconsejando ahora presentar ese recurso, Sáenz de Santamaría ha afirmado que ejercen las labores de Gobierno desde la «máxima lealtad» a las instituciones del Estado, pero ha indicado que es un órgano que da «opiniones» a las consultas que se le realizan pero no son «instrucciones».
Sin embargo, ha insistido en que la «obligación» del Ejecutivo es «impedir que se consumen y lleguen hasta el final actos que sean contrarios a la Constitución y a la democracia». «A nosotros nos toca gobernar y gobernar es elegir y decidir. Y creemos que teniendo argumentos legales nuestra decisión es continuar adelante con un acuerdo que impediría que se consumara algo que entendemos que es un mal mayor, que es que se consume una nueva afrenta a nuestra democracia y los derechos de todos los catalanes si se produce la investidura de una persona que tiene una orden de busca y captura», ha enfatizado.
Ante las reticencias expresadas este viernes por formaciones como el PSOE tras el informe del Consejo del Estado, Sáenz de Santamaría ha asegurado que conversaron con algunos de ellos antes de anunciar ese recurso y lo «avalaron» porque se trata de «impedir» la investidura de Puigdemont antes en vez de actuar sobre «hechos consumados». Fuentes de Moncloa han indicado después que se ha hablado con el PSOE tras el recurso del Consejo de Estado y consideran que mantienen ese respaldo a los pasos del Gobierno.
¿Y SI SE PROPONE A JUNQUERAS?
Preguntada por la posibilidad de que el presidente del Parlamento proponga al líder de ERC Oriol Junqueras, que está en prisión, como candidato a la presidencia de la Generalitat, ha explicado que en la respuesta del Consejo de Estado a la consulta potestativa que hicieron es necesaria la presencia en el Parlament de la persona que se someta a la investidura. Dicho esto, ha señalado que la decisión de que el exvicepresidente catalán pueda acudir a ese debate corresponde a los jueces.
Ante el hecho de que los independentistas se hayan lanzado contra el Ejecutivo y si este paso les puede dar alas, la 'número dos' del Ejecutivo ha preguntado cuál sería la posición del independentismo y el «vuelo que cogería» si no utilizan los instrumentos de los que disponen y se produce el martes esa investidura del expresidente catalán.
Preguntada qué ha hecho cambiar de opinión al Gobierno, dado que el martes y el miércoles sostuvo que no recurrirían esa firma de Torrent, ha destacado que el miércoles el presidente del Parlamento catalán se desplazó a Bruselas para evacuar consultas con Puigdemont y es un «elemento a tener en cuenta» y que forma parte del recurso del Ejecutivo. Y además, ha agregado, ha puesto fecha a ese pleno para el martes día 30 de enero, «vulnerando» los derechos de los diputados de los demás partidos.