El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley con el que propone ampliar los delitos penados con prisión permanente revisable. En concreto, introduce cinco nuevos supuestos: asesinato con obstrucción de la recuperación del cadáver, asesinato después de secuestro, violaciones en serie, violación a un menor tras privarle de libertad o torturarle y muertes en incendios, estragos en infraestructuras críticas o liberación de energía nuclear o elementos radiactivos.
Así lo ha informado este viernes en rueda de prensa el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha justificado esta decisión porque existe «una demanda social», al tiempo que ha descartado que el Ejecutivo esté legislando «en caliente».
El ministro ha recordado que la pena de prisión permanente revisable se introdujo en la legislación española en 2015, pero que entonces el Gobierno fue «prudente» y limitó su aplicación a ocho supuestos --asesinato de menor de 16 años o persona especialmente vulnerable; asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual; asesinato cometido por miembro de organización criminal; asesinato múltiple; asesinato terrorista; homicidio del jefe del Estado o heredero; homicidio de jefes de Estado extranjeros; y genocidio o crímenes de lesa humanidad--.
PRINCIPAL AVAL, LA VOLUNTAD DE LOS CIUDADANOS
Ahora, el Gobierno opina que, además de los «avales jurídicos y legales», tiene el «principal aval», que es la «voluntad de los ciudadanos». «En las encuestas, la opinión pública reiteradamente ha puesto de manifiesto que considera razonable que en Código Penal exista una pena así para los delitos más graves», ha explicado, al tiempo que ha remarcado que en este apoyo hay una «cierta identidad ideológica de los votantes» de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos.
Además, ha recordado que la mayoría de países europeos incluye la pena de prisión permanente revisable en su ordenamiento jurídico, con gobiernos de distinto color político. «Es una cuestión muy consolidada y no conozco ningún gobierno que se esté planteando la revisión», ha manifestado.
«Se trata de avanzar y atender la demanda social y la experiencia acreditada tanto en el ámbito nacional como en el internacional», ha apuntado Catalá, quien ha insistido varias veces en que los nuevos supuestos son «casos muy singulares y extraordinarios».
CONFÍA EN LA REFLEXIÓN
A la pregunta de si ve posible aprobar el proyecto de ley, ya que otros partidos han mostrado sus reservas sobre este asunto, el ministro se ha limitado a señalar que ya se verá lo que sucede durante la tramitación parlamentaria, pero ha vuelto a recordar que la prisión permanente revisable existe en toda Europa salvo en Croacia y Portugal.
«Confiamos en la reflexión, en que los grupos políticos ejerzamos la función esencial que tenemos, que es la representación de los ciudadanos. Si el 80 por ciento de la población considera que debe existir esta pena, ¿cómo van a estar los grupos tan alejados del sentir social? Las leyes deben parecerse a la sociedad lo máximo posible y es lo que intentamos, legislando también cerca de las víctimas del delito», ha explicado.
Además, ha subrayado que «no ha sido el Gobierno quien ha puesto encima de la mesa» el debate de ampliar la prisión permanente revisable, sino «los grupos que han propuesto su derogación directa para volver a convertir a España en una isla en Europa». Por eso, ha negado una vez más que el Ejecutivo haya aprobado este proyecto de ley «en términos de oportunidad electoral».
A la pregunta de si el nuevo supuesto de asesinato con obstrucción para recuperar el cadáver podría aplicarse en el caso de Marta del Castillo, el ministro ha recordado que en el ordenamiento jurídico «no existe retroactividad» y, por lo tanto, los cinco casos nuevos de prisión permanente revisable se aplicaría en futuros casos, no para los que han ocurrido en el pasado.