La defensa del candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez (JxCat), Jordi Pina, ha presentado la tarde de este miércoles un escrito en el Tribunal Supremo para pedir que se pronuncie antes del viernes estrictamente sobre la posibilidad de ser puesto en libertad para acudir al pleno de investidura y, si no se pronuncia o su decisión es negativa, acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Según han explicado fuentes jurídicas, en el caso de que el Supremo no se pronuncie sobre esta cuestión en concreto -solamente le piden este punto y no sobre la petición de libertad inmediata reclamada en un escrito anterior que está también pendiente- o bien le niegue el derecho, acudirán al TEDH para pedir medidas cautelarísimas que decreten su libertad para poder ejercer sus derechos políticos.
Esta decisión se ha tomado después de una reunión esta tarde en el Parlament entre Pina y el presidente de la Cámara, Roger Torrent; el abogado de Jordi Sànchez se ha reunido más tarde con los diputados de JxCat Albert Batet y Elsa Artadi.
En el escrito presentado esta tarde, el abogado de Sànchez solicita un pronunciamiento expreso del magistrado Pablo Llarena sobre si le permitirá o no salir de prisión para poder defender su candidatura a la Presidencia en el pleno del Parlament.
En caso de que el juez no conteste antes del viernes o su decisión sea negativa -la investidura está convocada para el lunes 12 de marzo- acudirán al TEDH, puesto que le piden una resolución rápida de esta cuestión en vistas de la cita del pleno.
Llarena, que instruye la causa contra el proceso soberanista, ha dictado una resolución este miércoles en la que da traslado a Fiscalía y a la acusación popular, ejercida en representación de Vox, para que en un plazo de máximo de cinco días informen sobre la petición realizada por el expresidente de la ANC de ser excarcelado y poder acudir el próximo día 12 al pleno del Parlament.
Como Torrent
El presidente del Parlament, Roger Torrent, planteó hace semanas impulsar la misma demanda ante el mismo tribunal para conseguir un aval a la investidura de Carles Puigdemont, y esto le valió las críticas de JxCat porque no lo consideraron oportuno.
Desde JxCat argumentan que en el caso de Puigdemont era inoportuno porque se encuentra en Bélgica, mientras que en el caso de Sànchez sí lo es porque es un «preso del Estado» y tiene sentido explorar esta vía judicial.