El PP, el PSOE y Ciudadanos han rechazado este martes en el Pleno del Congreso la tramitación de una proposición de ley planteada por Esquerra Republicana (ERC) para despenalizar las injurias a la Corona y la quema de banderas.
El debate, en ocasiones bronco, de esta iniciativa ha tenido lugar tan sólo unas horas después de conocerse la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado a España a indemnizar a dos jóvenes catalanes que fueron condenados hace ahora 11 años por quemar una foto de los Reyes por considerar que se vulneró su libertad de expresión.
Sobre esa sentencia se ha basado buena parte de la intervención del portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, quien ha querido dejar claro que los hechos condenados en su día por la Audiencia Nacional --con una pena de prisión de 15 años que después fue sustituida por una multa de 2.700 euros-- no fueron un ataque personal al Jefe del Estado, sino "una expresión simbólica de la crítica política legítima". "No es odio, es libertad de expresión", ha apostillado, incidiendo en que el Código Penal "impuesto" a ambos jóvenes catalanes constituye "una injerencia injustificada" a su libertad de expresión.
El independentista catalán ha denunciado que la legislación española y la jurisprudencia "en muchos casos no hacen justicia, sino maccarthismo", ha apuntado que las "verdaderas injurias" a la patria son pagar con dinero público el rescate de los bancos o la indemnización a las empresas promotoras del almacén de gas Castor y se ha dirigido en concreto a los socialistas, claves para que iniciativa hubiera sido admitida a trámite, para pedirles que "salgan del bloque del 155" acercando más a España a Estrasburgo que a Ankara.
PREVALECE SIEMPRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La propuesta de los independentistas catalanes ha sido avalada por Unidos Podemos, PNV, PDeCAT, Compromís y Bildu, quienes han coincidido en apuntar que no se debería despenalizar estas conductas por muy despiadadas que puedan ser porque la libertad de expresión debe prevalecer sobre la censura.
En nombre de Unidos Podemos el secretario tercero de la Mesa del Congreso y diputado de En Comú, Marcelo Expósito, ha apuntado que la sentencia de Estrasburgo arroja "serias dudas" sobre aspectos de la legislación española que, a su juicio, imponen una especie de "Estado de excepción" contra la libertad de expresión.
Y ha defendido que si de verdad el Rey o cualquier otro cargo público o representante democrático quieren ganarse su legitimidad, deben seguir el ejemplo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien en su día, cuando un académico de la RAE sugirió que debería estar "sirviendo en un puesto de pescado", en lugar de acudir a la Audiencia Nacional a denunciarlo, se fue a un mercado.
Desde el PNV, Mikel Legarda ha subrayado que es más importante proteger la libertad de expresión que la dignidad del Estado y sus comunidades. "No se debe privar a la ciudadanía de hacer una crítica, por muy fiera y despiadada que sea a las altas instituciones del Estado porque, en caso de conflicto, siempre debe prevalecer la democracia", ha dicho.
En el PDeCAT, Feliu Joan Guillaumes ha señalado que "nunca" la quema de un retrato del Rey puede ser asimilada al "odio" ni ser considerada por la vía penal y ha llamado a acabar con el "anacronismo de odio" hacia la Corona que existe en el Código Penal española, a no hacer el "ridículo", sobre todo tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y a "aceptar la realidad como es".
COMPROMÍS PARAFRASEA LA CANCIÓN DE VALTONYC
De su lado, la representante de Compromís, Marta Sorlí, ha lamentado que haya más censura ahora, en 2018, que en los años 80 y 90, décadas en las que algunos grupos, como La Polla Records, escribían duras críticas contra la Monarquía en sus canciones, y ha cargado contra los partidos de la derecha, para los que, según ha denunciado, la Corona, las calles con nombres de líderes franquistas y las agresiones de la ultraderecha son "intocables".
Durante su intervención, Sorlí ha parafraseado una canción del rapero Valtonyc por la que fue condenado por injurias a la Corona -- "Los derechos humanos se los pasan por los cojones"--, que ha llevado a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, a ordenar la retirada de esa expresión del Diario de Sesiones.
No obstante, la iniciativa de los separatistas catalanes ha chocado con las críticas del PP, el PSOE y Ciudadanos, pero también de UPN y Foro Asturias, cuyos diputados echarán por tierra la pretensión de que las injurias al Rey dejen de ser un delito tipificado en el Código Penal.
El PP, por boca de su diputada Silvia Balmaña, ha acusado a los de Joan Tardà de "demagogia" y de pretender derogar tipos penales sin "ningún rigor ni conocimiento jurídico" y de llevar a la Cámara Baja un debate "esperpéntico".
"Lo que tienen es un absoluto desprecio a las normas jurídicas y un enorme desconocimiento de las sentencias y su interpretación", ha señalado, para recalcar que la sentencia del Tribunal de Estrasburgo no invalida los tipos penales que le sirven de fundamento.
QUIEREN CONVALIDAR UNA FORMA DE VIOLENCIA
En representación del PSOE, el diputado José Andrés Torres Mora ha remarcado que en España no sólo se puede criticar los "errores" del Rey sino la forma monárquica de la Jefatura del Estado y hacer proselitismo en favor de la República para criticar que, con su iniciativa, ERC no busca despenalizar la crítica política, sino "convalidar" una forma de violencia.
Además, ha aconsejado a los separatistas catalanes que el republicanismo que predican no debería confundir la democracia con "la tiranía de la mayoría", como hicieron, según les ha recordado, el pasado 6 de septiembre en el Parlament. "Hace tiempo que los buenos socialistas comprendimos que ser antifascista no te convierte necesariamente en un demócrata y que ser antimonárquico no es lo mismo que se republicano", ha concluido.
Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha acusado a los separatistas catalanes de pretender legislar "en beneficio propio", es decir, para despenalizar actuaciones que sólo ellos "protagonizan" para "desarmar" la legislación española frente a quienes pretenden "pisotearla".
En la misma línea se han expresado los diputados de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Carlos Salvador y el de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, quienes considera que la libertad de expresión no puede ser un derecho "sin límites" y quienes han restregado a ERC que en su día Catalunya recurriera por ultraje a la senyera tras el asalto en 2013 al centro cultural Blanquerna por parte de un grupo de ultras.