El juez instructor considera que Ana Julia Quezada, la mujer de 43 años en prisión provisional desde este jueves como presunta autora material de la muerte del niño de ocho años Gabriel Cruz, actuó guiada por «una malvada voluntad dirigida especialmente a asegurar» la comisión de su «macabro plan criminal».
El magistrado Rafael Soriano destaca, asimismo, la existencia de «abrumadoras pruebas contra ella» y se refiere no solo «a que ella misma ha reconocido el luctuoso suceso» sino también a las intervenciones acordadas judicialmente y a las pruebas recopiladas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según han informado fuentes del caso.
El juez indica que, como parte de ese «macabro plan criminal», se intentó dotar de una coartada haciendo labores de pintura en la finca de Rodalquilar, en Níjar, y resalta cómo «dio una falsa apariencia de preocupación por la desaparición y suerte del niño», al que se llevó «mediante engaño o promesa de devolverlo prontamente a jugar».
«Mantuvo el engaño a lo largo de los días, aumentándolo hasta el punto de colocar ella misma una camiseta del menor en el monte», subraya, lo que achaca a su deseo de «despistar a los agentes de la autoridad que practicaban la búsqueda» hasta encontrar el «momento» de poder «hacer desaparecer el cuerpo».
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería ha decretado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para Ana Julia Quezada en el marco de unas diligencias previas que se siguen por los delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral.
En la comparecencia de medidas cautelares, el Ministerio Fiscal solicitó la prisión para la detenida por los delitos de asesinato con alevosía y detención ilegal. Quezada volvió a declarar este jueves ante el juez después de que se acordase la prórroga de la detención durante 24 horas.
El magistrado, que mantiene las actuaciones bajo secreto, considera necesaria la medida de prisión por la gravedad del delito, la posibilidad de eliminación de pruebas y el riesgo de fuga.