La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido 11 años de prisión para el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell por los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal y multa de 59 millones de euros por integrar presuntamente una red a través de la cual se apropiaron fondos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CFB).
De acuerdo con el escrito del Ministerio Público, las seis personas implicadas en esta investigación crearon un entramado que se lucró de fondos irregulares de la CFB por los derechos de retransmisión de los partidos de su selección, así como de cantidades procedentes del contrato de patrocinio de la firma Nike con la selección de fútbol del país sudamericano. La cantidad blanqueada con estas operaciones ascendería a 19.972.612 euros.
La fiscal del caso, María Antonia Sanz, pide para todos ellos penas que van entre seis y once años de cárcel por estos delitos, como es el caso del socio de Rosell, Joan Besolí, que se enfrenta a diez años de prisión y multa de 55 millones de euros, o de la pareja del principal acusado, Marta Pineda, para la que la fiscal pide siete años de prisión y multa de 50 millones.
El escrito relata que todos ellos, procesados por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el pasado mes de junio, se valieron de entidades, muchas de ellas 'offshore', para ocultar cantidades obtenidas de manera ilícita por el expresidente de la confederación brasileña Ricardo Terra Teixera.
Para lograrlo, los acusados, siempre bajo la dirección de Rosell, se valieron de dos mecanismos en los que cada uno tenía una función limitada: por un lado, mediante la interposición de una sociedad pantalla y el uso de un complejo entramado con cuentas en Andorra destinadas a hacer llegar el dinero a Teixeira, investigado en su país por estos hechos; y, por otro lado, simulando la venta la mercantil Bonus Sport Marketing, propiedad de Rosell y su esposa.
15 MILLONES DE EUROS POR INTERMEDIAR
El que fuera socio de Rosell en el país latinoamericano, Teixeira, participó en este entramado consiguiendo que la asociación deportiva que presidió entre 1989 y 2012 firmara contratos de compraventa de los derechos audiovisuales de la Selección Nacional de Fútbol de Brasil en favor de la sociedad International Sports Events (ISE), domiciliada en las Islas Caimán, dirigida por el billonario saudí Saleh Kamel.
Tan solo un día antes de la firma del contrato, en noviembre de 2006, Rosell --en prisión provisional desde mayo del pasado año por estos hechos-- en representación de la entidad Uptrend (que poseía al 50 por ciento con Besolí) firmó un contrato con el ISE para actuar como supuesta intermediaria en la venta de los derechos de los 24 partidos amistosos por el que percibió 8,3 millones de euros, aunque la cuantía final que obtuvieron de la confederación fue de 15 millones de euros. El dinero fue desviado desde el entramado societario hasta Teixeira, que la recibió «indebida, fraccionada e indirectamente».
La fiscal califica de «determinante» la participación en esta trama de Besolí, también en prisión provisional, en tanto era titular de una gestoría andorrana desde la que coordinó el uso de las empresas pantallas que se emplearon para ocultar las comisiones irregulares consiguiendo «dificultar la trazabilidad» del dinero.
Por otro lado, en mayo de 2011, Rosell falsificó la venta de Bonus Sport a una entidad libanesa creada tan solo un mes antes de la operación, en la que participó el también procesado Sahe Onessian, supuesto administrador de la misma.
EMULARON LA VENTA DE SOCIEDADES
La venta de Bonus a la libanesa se produjo formalmente por 13,6 millones de euros pero no fue real, según expone la fiscal del caso 'Rimmet', que precisa que tanto Rosell como su mujer continuaron vinculados a la misma y siguieron siendo los principales beneficiarios. Igualmente destaca que Onessian «carecía en absoluto de experiencia en el sector deportivo» y que no hubo transparencia en las operaciones económicas realizadas desde esta sociedad.
En relación con el contrato de esponsorización firmado por la CBF con Nike, los acusados realizaron una serie de operaciones entre los años 2008 y 2011 que culminaron con un ingreso de 5 millones de euros en una cuenta andorrana vinculada a Rosell que después se fueron repartiendo entre el exdirectivo del Barça, Terra Teixeira, una sociedad de Besolí y Ramos. Otra parte del dinero tuvo destino desconocido.