El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lemes, ha negado este lunes que recibiera la llamada de ningún banco alertando del «riesgo sistémico» por la aplicación de la sentencia que adjudica a los bancos el pago del impuesto de actos jurídicos documentados -conocido como impuesto de hipotecas- y ha perdido disculpas a los ciudadanos por lo que ha reconocido como una «deficiente» gestión de este asunto.
Tras inaugurar la jornada de puertas abiertas en el Tribunal Supremo, Lesmes ha señalado que tras conocerse la resolución que cambia la jurisprudencia existente hasta el momento sobre este tributo mantuvo varias conversaciones con el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Luis Díez-Picazo, a quien sugirió hacer una nota informativa para aclarar el alcance de la sentencia y el magistrado no lo consideró oportuno. No obstante, descarta pedir su dimisión.
«Yo no recibí ninguna llamada de ninguna entidad bancaria alertándome de riesgos sistémicos», ha contestado Lesmes a preguntas de los periodistas. Lo que sí ha explicado es que mantuvo varias conversaciones con el presidente de lo la Sala de lo Contencioso desde que la sentencia fue notificada el pasado jueves por la mañana.
«Me llamó varias veces a lo largo del día y me dijo que había tenido conocimiento por la prensa de la sentencia», ha explicado Lesmes en alusión a la polémica resolución adoptada por una de las secciones de la Sala presidida por Díez-Picazo. Al día siguiente, y a la vista de lo que publicaban los medios de comunicación sobre si eran las comunidades autónomas las que debían hacerse cargo del importe, o eran los bancos a quienes debían dirigirse los clientes, Lesmes le pidió que redactara una nota aclaratoria.
«La sentencia no se refiere a si los efectos van a ser a partir de la propia sentencia, si va a tener una retroacción de cuatro años, que es el plazo legal establecido para reclamar a las administraciones por parte de los deudores, o si iba a ser ilimitado dicho plazo», ha añadido el presidente del Supremo. Ha explicado también que él tenía preocupación por el impacto judicial de la novedosa resolución «teniendo en cuenta que cuando se dictó por el Pleno de la Segunda la abusividad de las cláusulas suelo, se generaron 250.000 demandas y no un colapso pero sí una situación difícil en la jurisdicción civil».
Existían «incertidumbres» y por ello Lesmes pidió a Díez-Picazo que sacara una nota para despejarlas y se generara «una cierta calma». «Al señor Díez-Picazo no le pareció oportuno hacer la nota aclaratoria, me dijo que no estaba de acuerdo, y un tiempo después me comunicó que lo que iba a hacer era convocar un Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para que resolviera los asuntos pendientes».
Según Lesmes, la nota aclaratoria no habría generado «desconfianza» y permitiría despejar algunas incertidumbres, posiblemente no todas. «Mientras que la convocatoria del Pleno sí ha generado desconfianza, a mi juicio indebidamente porque en el Tribunal Supremo cuando se producen modificaciones de jurisprudencia, lo normal es que se examinen en plenos jurisdiccionales, en una forma habitual de nuestro trabajo.
«HA HABIDO UNA PERCEPCIÓN DE QUE SE QUERÍA REVISAR»
La nota de Díez-Picazo ha producido según Lesmes «una percepción de que lo que se quería era revisar», una percepción que según Lesmes «no se ajusta a la realidad», porque el Pleno de la Sala Tercera es «absolutamente soberano para adoptar la decisión que corresponda, ya que está formado por más de treinta magistrados».
No obstante, Lesmes reconoce que dicha «percepción» ha producido «un gran daño reputacional», al Tribunal Supremo. «Todo esto, sin duda, no lo hemos gestionado bien lamentablemente, y se ha producido una desconfianza indebida en el alto tribunal, y no puedo más que sentirlo».
Por ello, ha pedido disculpas a los ciudadanos «que se hayan podido ver perjudicados» por esta «deficiente gestión de este asunto». No obstante, el presidente ha hecho una llamada a la confianza de los ciudadanos y ha recordado que el Tribunal Supremo ha servido «durante 206 años» con calidad y eficacia a la sociedad española, y lo seguirá haciendo.
«Los problemas de gestión los vamos a corregir, para que situaciones como ésta no vuelvan a ocurrir en el futuro», ha añadido Lesmes, para rechazar después que tenga intención de pedir la dimisión de Díez-Picazo. «Es un buen magistrado, ha desempeñado una labor encomiable en el tribunal», ha dicho de él, para agregar que era «un profesor universitario, catedrático de Derecho Constitucional» cuando fue nombrado magistrado del Supremo.
Ha apuntado también que el Tribunal Supremo viene prestando grandes servicios a la sociedad, como la declaración de la abusividad de las cláusulas suelo, o la cláusula de gastos, lo que ha generado «que cientos de miles de españoles puedan recuperar cantidades de la banca. «El Supremo está al servicio de todos, no está al servicio de ningún sector, ni en contra tampoco -ha puntualizado-. Está para hacer justicia y dar a cada uno lo suyo».
Finalmente, ha indicado que «cuando se cometen errores» nunca es una sola persona, ya que ha podido haber fallos «de comunicación internos». Y por ello «no se trata tanto de hacer una caza de brujas como de aprender de los errores y procurar que en el futuro no se vuelvan a cometer en ninguna de las salas del Tribunal Supremo».