La Audiencia Nacional ha ratificado su competencia para juzgar al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y los jefes políticos de la policía autonómica Pere Soler y César Puig, por los delitos de rebelión por los sucesos del 20 y 21 de septiembre y del 1 de octubre de 2017. La intendente Teresa Laplana también será juzgada por sedición.
En un auto con fecha de este miércoles la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que se declaró competente el pasado mes de febrero para juzgar estos hechos.
Las defensas de Puig y Soler pidieron trasladar la causa a Cataluña, alegando que los delitos de rebelión y sedición no fueron incluidos por el legislador entre las materias atribuidas a la Audiencia Nacional. El tribunal respondió entonces que sus atribuciones no quedan limitadas a los delitos cometidos por bandas armadas o terroristas.
La Fiscalía pide para el que fuera jefe de la policía autonómica 11 años de prisión y otros 11 de inhabilitación absoluta, los mismos que para el exsecretario general de la Consejería de Interior catalana César Puig y el exdirector de los Mossos Pere Soler.
A todos ellos se les considera «mandos subalternos» de la rebelión por su supuesta responsabilidad en los incidentes durante la celebración del referéndum ilegal. En el caso de Teresa Laplana, el fiscal solicita 4 años de prisión por un delito de sedición en relación a los hechos ocurridos la noche entre el 20 y 21 de septiembre.