La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este jueves que el Gobierno prevé la creación de más de 1,2 millones de puestos de trabajo entre el año pasado y el ejercicio 2023, hasta situar la tasa de paro en el 12,3% al final de la legislatura. Además, ha defendido un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) común en todo el país, sin perjuicio de que pueda haber un «tratamiento específico» para sectores o colectivos.
Así lo ha señalado Calviño durante su primera intervención en la comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el Congreso para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento, en la que ha destacado que se mantendrá una senda de crecimiento del PIB este año y ha defendido que las nuevas previsiones son «prudentes, realistas, responsables y coherentes» con el contexto global, además de estar «totalmente alineadas» con el consenso nacional e internacional.
Calviño ha destacado que la previsión de un avance del PIB del 1,6% publicada por la Comisión Europea, una décima más que en otoño, es la misma que el FMI, una décima menos que lo estimado por el Banco de España y está alineada con la previsión del Ejecutivo.
Asimismo, ha asegurado que los efectos positivos de las reformas y medidas implementadas por el Gobierno de coalición se percibirán al final del periodo de previsión mediante el impulso de la inversión especialmente en 2022 y 2023.
Además, ha desvelado que el pronóstico de crecimiento irá acompañado de la creación de más e 1,2 millones de puestos de trabajo entre 2019 y 2023, de forma que la tasa de paro pasará del 13,6% este año al 13% en 2021 y acabará en el 12,3% en 2023, la tasa que el Ejecutivo esperaba lograr ya este mismo año.
El nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno rebaja en dos décimas la previsión de crecimiento para este año, hasta el 1,8% y prevé un avance del 1,5% en 2021, que se elevará al 1,6% en 2022 y al 1,7% en 2023, al tiempo que la nueva senda de estabilidad recoge unos objetivos más flexibles, al elevar la previsión de déficit público al 1,8% del PIB este año y estimar un 1,5% en 2021, un 1,2% en 2020 y un 0,9% en 2023.
LA DEUDA CERRÓ POR DEBAJO DEL 96% DEL PIB EN 2019
En cuanto a la ratio de deuda pública sobre PIB, ha apuntado que la previsión es que cerró el ejercicio pasado por debajo del 96% del PIB, lo que permitiría cumplir el objetivo del 95,9% del PIB y supondría que la ratio se ha reducido en los dos últimos ejercicios en aproximadamente 2,5 puntos porcentuales.
Esta evolución permitió además mejorar los costes de financiación del Tesoro Público, que redujo su factura de pago de intereses en casi 2.400 millones de euros con respecto a la previsión que había al inicio de 2019, ha precisado Calviño, quien ha marcado que el objetivo del Gobierno es seguir rebajando el peso de la deuda pública sobre el PIB para que al final de la legislatura esté por debajo del 90%.
A pesar de que la economía española sigue creciendo por encima de la media europea y «capea mejor la crisis que otros», ha admitido que persisten incertidumbres que condicionan las decisiones de inversión y que muy probablemente nos van a acompañar a lo largo de todo este año, como las tensiones comerciales y geopolíticas mundiales, la incertidumbre sobre el resultado de las negociaciones para conseguir un acuerdo que regule la relación futura entre Reino Unido y la Unión Europea o las crisis sanitaria que está provocando el coronavirus, cuyo impacto es de momento «complicado de evaluar».
La titular de Economía ha explicado que se mantendrá la misma agenda económica «conocida, responsable y alineada con los organismos» para los próximos cuatro años, basada en tres ejes: disciplina fiscal, sensibilidad social para reducir desigualdades y reformas estructurales alineadas con la Comisión Europea.
A este respecto, ha explicado que el Ministerio trabajará en cinco ámbitos: impulso del capital humano mediante educación y formación a lo largo de la vida laboral; protección del capital natural con políticas de transición ecológica; aumento de la productividad; refuerzo de la eficiencia del mercado laboral y refuerzo de la calidad institucional.
También ha indicado que se trabajará para eliminar obstáculos al crecimiento empresarial y fomentar el buen clima de los negocios, así como luchar contra la morosidad, sobre todo en el pago de facturas a pymes.
SMI, PENSIONES Y REFORMA LABORAL
En cuanto al SMI, ha disentido de quienes sugieren que tiene que fijarse un Salario Mínimo diferente en función del territorio, y ha apostado en su lugar por uno común «sin perjuicio de que se pueda considerar un tratamiento específico en determinados sectores o colectivos».
Igualmente, ha mostrado el «compromiso» del Gobierno en el mantenimiento de pensiones dignas «ahora y dentro de 20 y 40 años», para lo que ve «muy útil» la base que pueda proporcionar el Pacto de Toledo para acometer reformas que garanticen sus sostenibilidad.
Por último, sobre la derogación de buena parte de la reforma laboral ha reiterado que se abordarán distintas cuestiones con «ritmos y metodologías de trabajo» diferentes, de forma que se drogarán en primer lugar «con urgencia» aquellos aspectos que cuentan con un amplio acuerdo, como los despidos por acumulación de bajas médicas.
Posteriormente otros puntos se abordarán en el diálogo social, mientras que otros se tratarán con un trabajo «más sosegado», incorporando expertos y relacionándolo con el nuevo Estatuto de los Trabajadores previsto.