El Gobierno ha puesto negro sobre blanco, tal y como se comprometió con el PNV, a que el estado de alarma «no supondrá obstáculo alguno» para la celebración de las elecciones que puedan convocarse durante su vigencia, como es el caso de los comicios vascos y gallegos.
En la cuarta prórroga del estado de alarma hasta las 00.00 horas del 24 de mayo, que publica este sábado el Boletín Oficial del Estado, el Gobierno se obliga a disponer «lo oportuno para que el servicio público de correos, los fedatarios públicos y demás servicios de su responsabilidad coadyuven al mejor desenvolvimiento y realización de elecciones convocadas a Parlamentos de Comunidades Autónomas».
Ésta fue una de las enmiendas que el PNV presentó a la última prórroga que se votó este miércoles pasado en el Congreso de los Diputados y que fue aceptada por el Gobierno.
Tanto el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, como el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoó, no descartan convocar en julio las elecciones autonómicos que tuvieron que cancelar en abril, pero para eso necesitaban tener garantías de que el servicio de Correos iba a funcionar a pleno rendimiento para permitir el voto por correo.
COGOBERNANZA
Otra de las enmiendas presentadas por el PNV y aceptadas por el Gobierno tenía que ver con la necesidad de que las decisiones que se tomaran en el proceso de relajación progresiva de las restricciones del estado de alarma se adoptaran de forma conjunta entre el Ejecutivo y el Gobierno autonómico, cuando en la redacción original propuesta por el Ejecutivo se permitía a las CCAA presentar sus propuestas, pero quedaba claro que sería el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien tendría la última palabra.
La redacción final del texto aprobada por el Consejo de Ministros y publicada en el BOE señala que el Gobierno «podrá acordar conjuntamente con cada Comunidad Autónoma la modificación, ampliación o restricción de las unidades de actuación y las limitaciones respecto a la libertad de circulación de las personas, de las medidas de contención y de las de aseguramiento de bienes, servicios, transportes y abastecimientos, con el fin de adaptarlas mejor a la evolución de la emergencia sanitaria en cada Comunidad Autónoma». «En caso de acuerdo, estas medidas serán aplicadas por quien ostente la Presidencia de la Comunidad Autónoma, como representante ordinario del Estado en el territorio», añade.
Esto quiere decir que en caso de que se no logre un consenso, la última palabra la seguirá teniendo el Gobierno, que es la autoridad competente bajo el estado de alarma, como ha ocurrido por ejemplo en el caso de la discrepancia con el Ejecutivo madrileño a cuenta de su propuesta de pasar desde el lunes 11 de mayo a la fase 1 del proceso de desescalada, iniciativa rechazada por el Gobierno.
La prórroga de la alarma también estipula que durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, y a sus efectos, «aquellos municipios que constituyen enclaves recibirán el tratamiento propio de la provincia que les circunda, sin que sea obstáculo que esta pertenezca a Comunidad Autónoma distinta a la de aquellos», como ocurre en el caso del Condado de Treviño que, pese a pertenecer a la provincia de Burgos, por estar enclavado dentro de la provincia de Álava, pasa el lunes a la fase 1 como el resto de Álava, en lugar de permanecer en fase 0 como Burgos.