Los recortes y la falta de personal amenazan con colapsar la Seguridad Social, que está estudiando cerrar hasta 155 oficinas por carecer de suficientes funcionarios. Algunas dependencias cuentan tan solo con tres empleados para atender al público, lo que supone en la práctica que una de cada tres oficinas esté en riesgo de cierre.
A esto hay que añadir que la edad media de los trabajadores públicos es de 55 años. CCOO ha alertado este jueves de que en la próxima década se jubilará el 64,33% de los empleados de la Seguridad Social, casi dos tercios de la plantilla actual, por lo que ha exigido al Ejecutivo una oferta pública de empleo urgente para poder garantizar los servicios públicos a la ciudadanía.
Ya se están experimentando retrasos en el cobro de prestaciones, con demoras de hasta cuatro meses en las de jubilación, invalidez o incapacidad permanente. Los motivos principales son la falta de rotación, la elevada carga de trabajo, la finalización de los contratos de interinidad vinculados a la pandemia y la gestión del Ingreso Mínimo Vital.
Así, incluso desde el propio ministerio de José Luis Escrivá reconocen que la falta de funcionarios supone un grave problema que ha puesto en jaque a muchas oficinas de la Seguridad Social.