El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha afirmado que el candidato de Junts a las catalanas ha salido de España tras haber regresado este jueves: «Está en un lugar seguro, fuera de Barcelona, de Cataluña y del Estado».
En declaraciones a Rac1 y después en Catalunya Ràdio este viernes recogidas por Europa Press, el letrado ha apuntado que el expresidente salió de territorio español el mismo jueves, después de haber pronunciado un discurso en Barcelona antes de iniciarse en el Parlament la sesión de investidura de Salvador Illa (PSC).
Puigdemont no acudió finalmente este jueves al pleno ni, por tanto, votó sobre la investidura de Illa como presidente de la Generalitat, ya que no delegó su voto y cuando fue llamado a votación, el grupo de Junts aplaudió.
Boye también ha augurado que el expresidente catalán se «dirigirá a los ciudadanos» entre este viernes y este sábado, y ha asegurado que todo salió como tenía planeado, ya que no había vuelto para entregarse, en sus palabras.
Respecto al paradero de su representado, ha indicado que ha de ser el propio Puigdemont quien lo haga público, y ha sostenido que «siempre ha estado a disposición de la justicia» y que en estos momentos está siendo perseguido por unos hechos que deberían ser amnistiados por un juez que no quiere aplicar la ley.
NO VE DELITO
Al preguntársele por el secretario general de Junts, Jordi Turull, que este jueves fue requerido por un juez de guardia de Barcelona por presuntamente cometer un delito de obstrucción a la justicia al participar en la huida del expresidente, ha rechazado que el dirigente haya cometido ningún delito.
De hecho, ha defendido que «no existe ninguna actuación en el día de ayer que sea constitutiva de delito, ya que el Código Penal no establece ninguna conducta calificable de delito para lo sucedido», por lo que apunta que las detenciones de dos agentes de los Mossos d'Esquadra que se llevaron a cabo fueron ilegales, textualmente.
«El Código Penal no prevé este tipo de conductas y, evidentemente, hay un exceso de nervios y eso ha llevado a que se actúe sin medir las consecuencias que tiene detener ilegalmente a las personas», ha reafirmado Boye.