Junts per Catalunya ha presentado el pasado lunes una enmienda a la totalidad a la tramitación de la ley propuesta por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que preside la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz. Este nuevo batacazo del Ejecutivo pone de manifiesto las tensiones que imperan en el núcleo del Gobierno de coalición y resquebrajan las alianzas que ya de por sí estaban un tanto desgastadas.
La enmienda a la totalidad supone un varapalo para el Gobierno que contaba con esta reforma como uno de los puntos clave de su legislatura. Con esta enmienda a la totalidad los de Junts tienen la posibilidad devolver el texto al Gobierno o bien presentar un texto completo alternativo.
La coalición de gobierno no cuenta en este momento con los apoyos necesarios para llevar a cabo la reforma. La previsible negativa de PP y VOX se suma ahora al cambio de timón de última hora de los de Puigdemont.
La reducción de la jornada laboral propuesta por Díaz planteaba pasar de 40 horas semanales (norma que se aprobó en 1983) a las 37,5 horas a la semana. La líder de Sumar había ido más allá y había planteado que este era un primer paso para consolidar una jornada de 35 horas que haría realidad mediante una segunda reforma. Cuando todo parecía estar listo para su tramitación, la formación de Miriam Noguera ha decidido romper el pacto.
El motivo que expone Junts es que esta reforma supone «un ataque frontal a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas de Catalunya» y que esta es otra manera de «tapar el agujero negro de Madrid». Nogueras criticó que el proyecto se haya acordado solo con «los sindicatos españoles» y que se ha hecho «de espaldas al tejido productivo de Catalunya». La diputada calificó la ley como una «operación de propaganda». Añadió, además, que en Junts estuvieron dispuestos a negociar desde el primer momento.
Por su parte, los sindicatos mayoritarios anunciaban en una entrevista a eldiario.es que «Les vamos a decir claro y alto que esto va a ser como una maldición bíblica, que los vamos a perseguir, en el mejor sentido de la palabra, pero que van a tener que responder, los vamos a interpelar», afirmaba el líder de UGT. «Evidentemente, no vamos a mirar este trámite desde la barrera, lo vamos a seguir y vamos a presionar», advertía por su parte el secretario general de CCOO.
La reducción de jornada laboral es una medida que se venía planteando desde hacía tiempo y era largamente esperada. El Ministerio de Trabajo y Economía Social calculó que la norma afectaría a alrededor de 12,5 millones de personas. El segundo elemento clave del anteproyecto de ley es la reforma del control horario: debe ser digital, no manipulable y accesible en remoto a la Inspección de Trabajo para que poder monitorear abusos. La ley también plantea endurecer las sanciones por incumplir el registro de jornada con una multa por cada trabajador y con cuantías mayores, de hasta 10.000 euros frente a los 7.500 euros actuales con el objetivo de prevenir la sobreexplotación laboral y las horas no remuneradas.
La reducción de la jornada se aprobó en primera vuelta en febrero y se esperaba que volviera al Consejo de Ministros a las pocas semanas, pero el trámite se ha ido dilatando. Ahora el ejecutivo enfrenta una dura negociación en el Congreso, donde no cuenta con los apoyos necesarios, para que la reducción de jornada sea ley.
Puffen este caso hablamos de un reducción de jornada que se negocia entre sindicatos y patronales, sindicatos representando a trabajadores de todos los sectores públicos y privados y patronales representando a grandes, medianas y pequeñas empresas. Si quieres comentarios populistas con lo de autónomos y pequeñas empresas....pues si, lo ideal para ellas seria tener trabajadores gratis no te jod* y para un trabajador cobrar de salario mínimo 3000euros por media jornada. Pero se trata de encontrarse en un punto intermedio, en fin, para ser un funcionario no te pillo muy bien.