El juzgado número 4 de Ávila se halla en proceso de investigar supuestas relaciones sexuales mantenidas entre funcionarios de prisiones y Ana Julia Quezada, reclusa que cumple sentencia por el asesinato del niño Gabriel en 2019.
Según los denunciantes, la reclusa habría tenido relaciones sexuales con el personal de la cárcel a cambio de un teléfono móvil. Señalan, además, que Quezada habría grabado algunas de las relaciones sexuales con el fin de chantajear al director de la cárcel para que le conceda el traslado a la prisión de Barcelona.
Las autoridades han tomado declaración a un educador del centro, a tres reclusas y otra mujer, actual pareja de Quezada. Todos coinciden en el hecho de que Quezada habría llevado a cabo dichas grabaciones.
Por el momento, dos trabajadores ya han abandonado sus respectivos puestos.
Por su parte, la madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, ha convocado una rueda de prensa para este miércoles a las 10:30 horas para denunciar públicamente una situación de «desamparo y desprotección institucional y judicial». Ramírez ya solicitó el año pasado a la Audiencia Nacional que investigase el intento de firma de un contrato por parte de una productora audiovisual y Quezada para realizar un documental sobre el crimen que la misma Quezada realizó. Estos hechos reavivan el debate de los documentales y películas de crímenes reales, con los que los delincuentes o sus familias sacan un rédito económico de sus crímenes como ya sucedió con la aparición de la madre de «el Cuco» en un programa de la televisión nacional.
No es para nada un caso aislado, el sexo entre funcionarios y reclusas es algo bastante frecuente, en muchos casos para conseguir favores y en otros casos simplemente por la necesidad de tener contacto físico. Este caso ha salido a la luz porque se le ocurrió grabarlo para chantajear, de lo contrario nunca se habría sabido.