El pasado 5 de junio, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente un informe que contiene transcripciones de grabaciones comprometedoras entre el exasesor ministerial Koldo García —ya imputado— y destacados dirigentes socialistas, entre ellos el exministro José Luis Ábalos y el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán.
El informe, que todavía se encuentra bajo secreto de sumario y al que ha tenido acceso El Mundo, incluye conversaciones registradas en soportes digitales incautados a Koldo tras su detención en febrero de este año. En dichas grabaciones se menciona presuntamente el amaño de contratos públicos y el cobro de comisiones ilegales. El monto de las mordidas, según avanzó la Cadena SER y confirmaron fuentes a El País, alcanzaría los 400.000 euros.
La investigación nació al calor de las sospechas sobre la compra de mascarillas durante los peores momentos de la pandemia y ha evolucionado hasta tocar adjudicaciones de obra pública desde el Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos. Según el auto judicial, el informe de la UCO incluye indicios claros de adjudicaciones amañadas y pagos bajo la mesa por parte de empresas beneficiadas.
Este viraje en la instrucción judicial fue determinante para que el martes se ordenaran registros simultáneos en el domicilio de Ábalos, así como en sedes de empresas presuntamente favorecidas por estas adjudicaciones. Las actuaciones se desarrollaron en Valencia, Navarra, Bizkaia, Granada y Madrid.
Grabaciones comprometedoras
Las grabaciones que se hallan en poder de la justicia revelan presuntos diálogos en los que Ábalos habría admitido beneficios personales derivados de adjudicaciones irregulares. Una de las piezas clave para el magistrado Puente ha sido una serie de anotaciones aportadas por el empresario Víctor de Aldama, señalado comisionista de la red. Un informe caligráfico confirmó que la letra de esas notas corresponde a Koldo García, reforzando la validez probatoria del material.
En dichos documentos aparecían licitaciones públicas resaltadas en fluorescente, con indicaciones sobre pagos de comisiones y pactos previos con altos cargos, entre ellos el propio Ábalos.
El PSOE se defiende y habla de «filtraciones»
Tras la difusión de los primeros detalles del informe, el PSOE emitió un comunicado negando cualquier implicación de Santos Cerdán en la adjudicación de obras públicas. «Jamás ha cobrado una comisión por ello», afirma el texto, que califica la información difundida como «filtraciones interesadas» que vulneran la presunción de inocencia.
El partido insiste en que, una vez conocido el contenido íntegro del informe, Cerdán ofrecerá todas las explicaciones necesarias para defender su honorabilidad.
Un relato lleno de contradicciones
El nombre de Cerdán ya había aparecido en la investigación meses atrás, cuando Víctor de Aldama lo señaló como supuesto receptor de un sobre con 15.000 euros, entregado en un bar en relación a una licitación. Cerdán negó la acusación de forma inmediata, y hasta la fecha no ha sido formalmente imputado.
No obstante, el Supremo solicitó en febrero a la UCO un informe detallado sobre los contactos de Koldo García con Cerdán, el ministro Ángel Víctor Torres —también acusado por Aldama— y otras figuras aforadas. Ese informe, según fuentes jurídicas, fue clave para impulsar los registros de esta semana.