El presidente del Gobieno, Pedro Sánchez, ha comparecido en una rueda de prensa para dar una declaración institucional acerca del papel de España frente al genocidio que se está llevando a cabo en Palestina por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).
En este sentido, Sánchez ha aprobado nueve medidas para favorecer «la solución de los dos estados», una medida que, según observadores internacionales,
«Una cosa es proteger a tu país, a tu sociedad, y una cosa muy distinta es bombardear y matar de hambre a miles de niños inocentes», ha recalcado Sánchez, antes de aclarar la postura de la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, y otros expertos internacionales, que califican la acción de IDF en Gaza como un «genocidio».
«La comunidad internacional no está sabiendo parar esta tragedia, quizás porque las grandes potencias del mundo han quedado encalladas entre la indiferencia de un conflicto que no termina y la complicidad con el gobierno del primer ministro Netanyahu», ha explicado Sánchez. «Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí, pero eso no significa que vayanos a dejar de intentarlo». Recordó en este sentido las medidas adoptadas hasta el momento, como el reconocimiento del estado Palestino y el aumento del apoyo económico para paliar la crisis humanitaria en la franja de Gaza.
Sánchez ha detallado las nuevas medidas que va a poner en marcha «de forma inmediata». La primera consiste en la aprobación de un Real Decreto para prohibir de forma «legal y permanente» la compraventa de armamento, munición y equipo militar a Israel. Esta prohibición, según Sánchez, está vigente «de facto» desde 2023, aunque varios medios ya denunciaron en 2024 el tránsito de buques que transportaron armamento a Israel e hicieron escala en los puertos levantinos.
La segunda es la prohibición del tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustible a las fuerzas armadas israelíes.
La tercera consiste en la denegación de entrada al espacio aéreo español a todas las aeronaves de estado que transporten material defensivo a Israel.
La cuarta es la prohibición de acceder al territorio español a todas las personas «que participen de forma directa en el genocidio, en la violación de los Derechos Humanos y en los crímenes de guerra» que se cometen en Gaza, lo cual incluye a los israelíes que formen parte del ejército israelí.
La quinta es la prohibición de productos provenientes de asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania, lo cual implica un «boicot» activo por parte del estado de todos los productos que se hayan lucrado con el robo de tierras a los palestinos.
La sexta es la limitación «a la mínima asistencia obligatoria» de los servicios consulares prestados a ciudadanos españoles en Israel.
La séptima es el aumento de efectivos en la ayuda humanitaria que Europa está prestando en los campos de refugiados de Rafah y el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración con las autoridades palestinas, especialmente en agricultura, seguridad alimentaria y asistencia médica.
La octava es la contribución a UNRWA, la agencia de la ONU que trabaja con los refugiados de Palestina, de diez millones de euros más para sus labores humanitarias en Gaza.
La novena y última medida adpotada por el Gobierno es el aumento de la partida para ayuda humanitaria en Gaza hasta alcanzar el total de 150 millones de euros el año 2026.