La luz de emergencia V-16, que reemplazará definitivamente a los triángulos de señalización el próximo 1 de enero, sigue siendo una asignatura pendiente para la mayoría de los automovilistas en España. Según un estudio elaborado por la empresa Coyote con base en encuestas telefónicas a casi 1.200 conductores de todo el país, el 80% de los encuestados todavía no dispone de esta baliza obligatoria, principalmente por razones económicas y por falta de información.
El trabajo señala que más de un tercio de los conductores esgrime el precio como obstáculo para comprar el dispositivo, mientras que un 30% reconoce no saber qué modelo elegir y un 14% admite que desconoce la utilidad real del aparato. Se trata de una pequeña baliza de color amarillo dotada de un geolocalizador, capaz de emitir luz intermitente y continua durante al menos 30 minutos y visible hasta a 1.000 metros con buena visibilidad. Además, la V-16 puede enviar la ubicación del vehículo tanto a la DGT como a sistemas de navegación de otros usuarios, mejorando la información de incidencias en carretera.
Desconocimiento
De acuerdo con Coyote, casi el 85% de los conductores afirma conocer la nueva normativa, pero seis de cada diez consideran que la información proporcionada ha sido insuficiente y casi un 30% la tilda de 'confusa', en especial en lo relativo a la conexión entre el dispositivo y los sistemas de la Dirección General de Tráfico. Tan solo el 9% asegura haber recibido detalles claros y concretos sobre la baliza conectada.
Riesgo de multa
Por otro lado, solo la mitad de los automovilistas sabe que no llevar la luz V-16 desde enero de 2026 conllevará una multa de hasta 200 euros. A pesar de estas lagunas, la aceptación de la medida es significativa: el 55% de los encuestados se muestra a favor de la obligatoriedad de la V-16 conectada, situando este dispositivo justo por detrás del cinturón de seguridad (92%) y el airbag (80%) entre los elementos preferidos de seguridad vial.
Seguridad vial
Un 68% destaca la importancia de contar con información precisa sobre vehículos detenidos señalizados con balizas conectadas. La DGT pretende con esta normativa reducir el elevado riesgo de atropello al evitar que los conductores tengan que bajarse a colocar el triángulo de emergencia, una práctica que, según los datos, deja cada año alrededor de 22 víctimas mortales en las carreteras, muchos de ellos automovilistas intentando señalizar un incidente en la vía.