La Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante el Tribunal Supremo una petición firme de prisión sin fianza para José Luis Ábalos, actual diputado del Grupo Mixto y exsecretario de Organización del PSOE, junto a Koldo García, su exasesor en el Ministerio de Transportes. El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, sostiene que existe un riesgo elevado de fuga para ambos investigados en la causa conocida como caso Koldo, relacionada principalmente con presuntas irregularidades durante la compra de mascarillas en la pandemia. Las vistas de medidas cautelares han comenzado en la mañana de este jueves en el Tribunal Supremo, donde tanto la Fiscalía como las acusaciones populares han insistido en la necesidad de prisión incondicional para garantizar la presencia de los acusados en juicio.
Durante su intervención, el fiscal Luzón ha afirmado que «ningún poder del Estado puede sustraerse al derecho penal», subrayando el principio de igualdad ante la ley. La decisión del Supremo es inminente y responde al cierre de la investigación y la presentación de los escritos de acusación sobre los tres principales procesados: Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Las penas reclamadas por la Fiscalía para los dos primeros, sumadas a la cercanía del juicio, fundamentan la petición de prisión preventiva. Entre los delitos atribuidos se incluyen organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. Para Ábalos se solicitan 24 años de prisión y para García 19 años y medio, en ambos casos por actuaciones vinculadas a los contratos de material sanitario y otros hechos relatados en las diligencias.
La defensa
La defensa de José Luis Ábalos, encabezada por el ex fiscal Carlos Bautista, ha destacado el arraigo personal y profesional del exministro, argumentando que «el investigado tiene un trabajo conocido», en alusión su escaño en el Congreso por Valencia. A juicio de la defensa, la medida cautelar propuesta supondría «una vulneración del derecho de representación política» de los electores valencianos. Además, sostiene que no existen «indicios reales de delito» y tacha de «incoherente» el informe patrimonial que sustenta la acusación. Bautista señala también que Ábalos ha tenido »una semana para huir» desde que se anunció la celebración de la vistilla, sin que haya intentado eludir la justicia.
Koldo García rechaza el riesgo de fuga
Koldo García, por su parte, ha declarado en la Sala que «no me voy a ir a ningún sitio» y ha apelado a su responsabilidad familiar, señalando que es el principal cuidador de su madre y su hija. Su abogada, Leticia de la Hoz, ha puesto en cuestión la competencia del Supremo en el caso de su defendido, añadiendo otra línea de defensa procesal.
La petición de prisión se extiende más allá de los contratos de mascarillas, incluyendo la presunta contratación irregular de Jésica Rodríguez—pareja de Ábalos en aquel momento—en las empresas Ineco y Tragsa, el alquiler de inmuebles para sus allegadas, y supuestas gestiones para beneficiar a terceros, en acciones vinculadas con empresas públicas como Logirail o la operación de arrendamiento de un chalet en Cádiz. La Fiscalía detalla también indicios en la estancia de Ábalos en un inmueble vacacional en Marbella, la relación con el rescate de Air Europa, operaciones de hidrocarburos y otros contratos bajo sospecha. El fiscal Luzón sostiene que «la trama criminal comenzó a operar tan pronto vieron los investigados la oportunidad de obtener un común beneficio económico». Subraya que los tres implicados «convinieron aprovechar el cargo de Ábalos para favorecer contrataciones públicas» y «cada uno asumió un papel diverso y complementario en la organización».
El magistrado Leopoldo Puente—al frente de la instrucción en el Supremo—podría resolver en las próximas horas sobre la situación procesal de Ábalos y García. El caso, iniciado por hechos sucedidos especialmente durante la pandemia y prolongado hasta la salida de ambos del Ministerio de Transportes, introduce un nuevo capítulo en el escrutinio judicial de la gestión pública durante los momentos más críticos de la reciente historia sanitaria. Los hechos se encuadran en «una estructura que solo comenzó a debilitarse tras la simultánea salida de José Luis Ábalos y Koldo García del Ministerio de Transportes», según el Ministerio Público, reforzando la gravedad de las acusaciones y la atención pública sobre el desarrollo procesal de la causa.