El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo que llame a declarar como testigos en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia a los ministros Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres, además de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Lo ha hecho en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, presentado por el que hasta este miércoles era su abogado en el 'caso Koldo', el exfiscal Carlos Bautista, que ha renunciado a defenderle por «diferencias contractuales».
Ábalos, que defiende su inocencia señalando que los hechos por los que será juzgado «no son constitutivos de delito alguno», reclama que comparezcan como testigos Marlaska, por las mascarillas adquiridas en el Ministerio del Interior, así como Torres y Armengol por las que compraron Canarias y Baleares, comunidades que presidieron.
También reclama que testifiquen, entre otros, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras Javier Herrero, imputados en la rama del 'caso Koldo' que investiga la Audiencia Nacional.
El magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, acordó el procesamiento de Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama al entender que «se concertaron» para aprovechar la condición del entonces ministro y su «influencia».
Lo habrían hecho, según expuso, para "beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia".
Puente dio este paso después de que el pasado septiembre decidiera dividir la causa para dejar en la pieza principal las investigaciones relativas a los contratos de mascarillas y dedicar la pieza separada a la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.
La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.
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