La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, del PP, anunció este viernes su dimisión un día después de conocerse que ha sido una de las adjudicatarias de una de las viviendas públicas de la Playa de San Juan, asunto por el que se ha abierto una investigación por posibles irregularidades en la concesión. Se trata de una promoción de 6.000 VPO y en este punto es preciso recordar que hacía 20 años que en Alicante no se construían viviendas protegidas.
Gómez, que actualmente está de baja por maternidad, informó de que en los próximos días presentará oficialmente el cese y ha recalcado que se inscribió en la cooperativa de las viviendas públicas en La Condomina, en la Playa de San Juan, "antes de entrar en política", según un comunicado del Ayuntamiento.
La hasta ahora concejala de Urbanismo ha señalado que ha decidido apartarse del cargo para que la investigación pueda seguir su curso "sin interferencias de ningún tipo", después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida. Arquitecta de profesión y de 33 años, Gómez llevaba dos años y ocho meses al frente de la Concejalía de Urbanismo de Alicante y ha repetido en la nota que entró en política en 2023, después de formalizar su inscripción en una cooperativa para acceder a una promoción de viviendas de protección pública, de la que era la cooperativista número 18, en la Playa de San Juan.
La decisión de la concejala del PP se produce un día después de que se supiera que tanto ella como un arquitecto municipal y los dos hijos y una sobrina de una alto cargo del Consistorio, la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, habían sido adjudicatarios de estas viviendas sociales en la Playa de San Juan, la primera promoción de inmuebles públicos en la ciudad de los últimos 20 años.
Expediente
Al mediodía de este viernes, el alcalde, Luis Barcala, que gobierna en minoría con apoyos puntuales de Vox, había explicado que la concejala de Urbanismo había recibido la condición de adjudicataria cinco años antes de llegar a la política y que "hasta donde tenemos conocimiento no ha intervenido absolutamente en ninguna decisión" relacionada con los hechos conocidos, pese a lo cual añadió que ha perdido un expediente de averiguación de hechos para depurar responsabilidades.
En una intervención sin preguntas, el alcalde ha sostenido que aplicará "la máxima contundencia" una vez tenga el informe municipal y que actuará "caiga quien caiga", incluyendo la posibilidad trasladar a la Fiscalía el contenido del expediente ante el menor atisbo de irregularidad. Este asunto ha acaparado la actualidad política en la Comunitat Valenciana y el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, del PP, ha señalado que las personas que optaron a dichas viviendas "cumplían los requisitos", aunque al mismo tiempo ha calificado de "muy grave" lo conocido.
Socialistas
La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha instado al alcalde a "asumir responsabilidades" por "un mal uso" del poder en la adjudicación de viviendas públicas y ha advertido de que "la Comunitat Valenciana no puede ser un espacio donde el poder sea sinónimo de privilegios".
En la misma línea, el grupo socialista municipal ha anunciado que llevará a la Agencia Antifraude lo que considera un "pelotazo urbanístico" y ha concluido que se trata "del mayor escándalo" en la ciudad coincidiendo con "un momento de crisis habitacional y de la vivienda en toda España"
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