El Real Decreto-ley del escudo social entra en vigor este jueves tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma prorroga hasta el 31 de diciembre la suspensión de desahucios para hogares vulnerables sin alternativa habitacional cuando el arrendador sea un gran tenedor o un fondo buitre, e incorpora modificaciones relevantes respecto a los pequeños propietarios.
El Consejo de Ministros aprobó este martes pasado el nuevo decreto después de que el Congreso tumbara el 27 de enero la convalidación de un único decreto que incluía la subida de las pensiones y la prórroga del escudo social. Ahora, el decreto deberá pasar por el Congreso para su convalidación, aunque su futuro es incierto tras el anuncio de Junts de votar en contra por considerar que no protege suficientemente a los pequeños propietarios.
Según el Ejecutivo, la prórroga de la suspensión del procedimiento de desahucio blindará a las personas vulnerables ante eventuales desalojos en viviendas pertenecientes a fondos buitre o grandes tenedores, manteniendo así la protección para inquilinos sin alternativa habitacional que, por causas sobrevenidas, no pueden afrontar el pago del alquiler.
Protección a pequeños propietarios tras el acuerdo con el PNV
Tras el pacto con el PNV, el Gobierno ha introducido un cambio para que los propietarios de dos o menos viviendas con inquilinos declarados vulnerables no se vean afectados por la suspensión de desahucios. En estos casos, corresponderá a los servicios sociales competentes buscar una alternativa habitacional de emergencia para los arrendatarios.
El decreto establece que, para que opere la suspensión, el inquilino deberá acreditar que se encuentra en situación de vulnerabilidad económica. Una vez que la Administración de Justicia traslade dicha acreditación al propietario, éste dispondrá de diez días para acreditar ante el Juzgado que se encuentra igualmente en situación de vulnerabilidad económica o en riesgo de situarse en ella si se adopta la medida, o bien que es titular de dos o menos viviendas.
Los procedimientos de desahucio o lanzamiento que se encontraran suspendidos a fecha de 27 de enero continuarán suspendidos sin necesidad de nueva solicitud. Además, el Gobierno continuará aportando financiación a las comunidades para contribuir al desarrollo de parques de vivienda social y recursos de emergencia habitacional que den una respuesta estructural a las situaciones de vulnerabilidad.
Refuerzo de compensaciones y garantías para propietarios
El Ejecutivo ha reforzado las compensaciones para los propietarios, para lo cual la semana pasada el Consejo de Ministros dotó con 300 millones de euros el sistema de avales destinado a garantizar el cobro de las rentas.
En materia energética, la norma prorroga el bono social energético y la garantía de suministro de agua y energía a consumidores hasta el 31 de diciembre, así como la adaptación de la tasa de retribución financiera de sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo regulatorio 2026-2031.
Medidas laborales y prohibición de despidos
En el ámbito del empleo, se incluye la prórroga de prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas, una medida destinada a proteger el empleo en compañías que reciben apoyo del Estado.
Modificaciones fiscales y beneficios tributarios
El decreto incorpora diversas medidas tributarias. Se modifica el anexo de la ley del IVA en materia de hidrocarburos y se modifica el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y los regímenes simplificado y especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Asimismo, se aprueban incentivos fiscales a vehículos eléctricos, infraestructuras de recarga e inversiones que utilicen energías renovables. También se recoge la exención en el IRPF a indemnizaciones por daños personales en incendios forestales, se incluye la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas y se actualiza el régimen de imputación de rentas inmobiliarias en IRPF.
Extensión de ayudas por la DANA valenciana
El nuevo escudo social también extiende las ayudas directas por la DANA y la exención en el IRPF e Impuesto de Sociedades de ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana por la DANA que afectó gravemente a la Comunidad Valenciana.
Financiación autonómica y medidas empresariales
En materia de financiación, se actualizan las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y las entidades locales, se aprueba el régimen de endeudamiento autonómico y la no exigibilidad de devolución de ingresos indebidos por las cuotas nacionales de telefonía móvil devueltas o que se devuelvan por el Estado a las compañías de telefonía móvil.
Además, se prorroga la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por diversos acontecimientos naturales y no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el año 2026.
Por qué no pasa por el congreso la regularización de ilegales? Saben que la tumbarían. España está en contra de la regularización.