Hace exactamente un mes, el Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona condenó a Lidl no poder comercializar su robot de cocina Monsieur Cuisine Connect por infringir los derechos de patente de la máquina de Thermomix.
La sentencia aún fue más allá en su dureza: se imponía también a la cadena de supermercados indemnizar al creador del robot de Thermomix y retirar del mercado todos los robots de cocina Monsieur Cuisine Connect.
La sentencia detallaba que la cantidad de la indemnización a Vorwerk, titular de la patente de Thermomix, se fijaría en la fase de ejecución de la sentencia, una vez esta sea firme, y la titular de la patente reclamó en el juicio una indemnización equivalente al 10% de las ventas de la máquina comercializada por Lidl.
El Juzgado concluyó que la máquina comercializada por Lidl «reproduce todas y cada una de las características» de la patente de Vorwerk, por lo que infringido la Ley de Patentes.
Como era previsible, la cadena de supermercados no aceptó estos términos tan duros. Este jueves Lidl ha confirmado a 20BITS que «una vez una vez analizada la sentencia», ha presentado «un recurso para defender sus derechos en el marco de este proceso judicial que permanece abierto».
«Independientemente de cuál sea su resolución final», añadían un portavoz de comunicación de Lidl España, «este proceso judicial no afecta en ningún caso a todos aquellos consumidores que hayan adquirido la Monsieur Cuisine».
En relación a la posible preocupación que haya aparecido entre los usuarios, la cadena de supermercados ha querido calmar a sus clientes: «Queremos transmitirles un mensaje de tranquilidad y garantizarles que pueden seguir utilizando el producto con normalidad y haciendo uso de todos sus servicios, incluyendo las garantías o el servicio postventa».
En el proceso, Lidl argumentó que su producto no infringe los derechos de patente de Thermomix y pidió al Juzgado anular la patente porque consideraba que hay «falta de novedad» respecto a máquinas similares comercializadas antes que esta, algo que el juez desestimó.
Ahora la Audiencia Provincial de Barcelona tendrá que pronunciarse sobre el tema y el caso podría llegar incluso al Tribunal Supremo, en un procedimiento judicial que podría durar años.