La declaración del exconcejal de Urbanisme del Ajuntament de Palma Javier Rodrigo de Santos ha abierto un nuevo frente judicial en el ‘caso Palma Arena', en esta ocasión al revelar la posible conexión entre la financiación de la sede regional del Partido Popular por parte de la constructora Bruesa –propiedad de Antonio Pinal– y la adjudicación, durante el período entre 2003 y 2007, de importantes proyecto de obra pública promovidas por el Govern que entonces presidió Jaume Matas. La Fiscalía centra ahora sus esfuerzos en corroborar la posible existencia de amaños en los encargos que logró el Grupo Bruesa desde la Administración autonómica.
Una versión a confirmar. Las declaraciones efectuadas ante los fiscales por De Santos a mediados del pasado año, relativas al proceso de adjudicación de Son Espases y que amplió con referencias a las obras de la sede del PP, justifican las indagaciones que anuncia el Ministerio Público. El relato del exedil es lo suficientemente coherente para ser tenido en cuenta, aunque –también es justo señalarlo– precisa del necesario contraste documental y testifical. No en balde el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha abierto la pieza número 28 del ‘caso Palma Arena' a la luz de la versión aportada por la Fiscalía Anticorrupción y la policía judicial.
Perseverancia de los fiscales. La labor del fiscal Pedro Horrach está siendo incansable para poner cerco, judicial, a lo que ha sido un modo de gestión plagado de irregularidades y corrupción ya constrastada por sentencias firmes. Bruesa es una empresa salpicada en diversos asuntos vinculados a la corrupción política, tanto dentro como fuera de Balears. Desde el ‘caso Roldán', por las obras de construcción de casas-cuartel de la Guardia Civil en toda España, hasta el ‘caso Eivissa-Centre'. Antonio Pinal, como apunta De Santos en su testimonio, admite su facilidad para ser adjudicatario de obra pública por medio del soborno, a políticos de cualquier ideología.