La prolongada declaración del exteniente de alcalde de Urbanisme de Palma Javier Rodrigo de Santos ante el juez Castro, dentro de la pieza número 28 del ‘caso Palma Arena' que investiga la supuesta financiación ilegal de la sede regional del PP, merece ser tenida en cuenta. La versión que De Santos traslada al instructor en su extensa deposición incluye aspectos muy graves que deben ser aclarados hasta sus últimas consecuencias, entre otras razones porque se aportan nombres y situaciones concretas que esbozan una trama corrupta cuyas ramificaciones podrían alcanzar hasta la estructura estatal del actual partido en el Gobierno.
Actuar sin prejuicios. Como testigo aportado por la Fiscalía Anticorrupción, el relato de Javier Rodrigo de Santos –efectuado en su calidad de testigo y por tanto comprometido en su veracidad– debe ser corroborado por otros testimonios o pruebas, así debe ser en todos los casos. Como responsable de Urbanisme en el Ajuntament de Palma entre 2003 y 2007, De Santos ocupaba un cargo clave para conocer los entresijos de las grandes operaciones inmobiliarias que se impulsaban desde el Govern en la capital. En este sentido se apuntan piezas de un rompecabezas que adquiere una configuración lógica, con datos –9 millones de euros aportados por las adjudicatarias de Son Espases para financiar la sede del PP balear– y nombres, el cuñado de Matas, Fernando Areal, como gerente del partido que exige el 3% del importe de las obras públicas a las empresas.
Intervención contundente. Desentrañar los vínculos e intereses espurios entre lo público y lo privado, como queda patente en la declaración en sede judicial de Javier Rodrigo de Santos, precisa de la adopción de medidas inmediatas, y probablemente contundentes, para comprobar la verosimilitud de los apuntes que el exedil palmesano aporta sobre el modo en que se gestionaban, desde el poder, muchas de las grandes iniciativas públicas que se costean, todavía, con el dinero de los contribuyentes.