La titular de la Conselleria de Família i Serveis Socials, Sandra Fernández, ha admitido que en Balears todavía hay casi dos mil personas que están pendientes de recibir las ayudas por dependencia.
Las cifras han registrado una notable mejora respecto al ejercicio del pasado año, pero las demoras actuales siguen siendo inaceptables. La última remodelación del Govern que acometió el president Bauzá supuso la creación del departamento de Fernández, un gesto que se interpretó como un compromiso serio, decidido, para acabar la marginación en las ayudas públicas en materia de asistencia social de todo tipo. El balance, al final de la legislatura, es decepcionante.
Recortes y prioridades. Una prueba de la aplicación de manera indiscriminada de los recortes por parte del Govern, eje central de su gestión en los últimos años, es su extensión hasta áreas tan sensibles como los de la asistencia social. El retraso en los pagos a las asociaciones supuso la amenaza en el cierre de numerosas instalaciones, al igual que en todo lo referido a las ayudas a los dependientes y sus familias. Fernández y su equipo ha paliado, sin duda, el problema, pero éste está muy lejos que quedar resuelto. El Govern debe entender que hay prestaciones que no pueden quedar al albur de decisiones coyunturales o electoralistas, los beneficiarios deben tener garantizadas las ayudas y eso, de momento, no ocurre.
Fijar los compromisos. Lo ocurrido en esta legislatura no puede volver a repetirse. Una sociedad avanzada se caracteriza, precisamente, por su capacidad de ayuda a los más débiles y desfavorecidos. Este principio da la impresión que ha desaparecido estos años en el orden de prioridades gubernamentales, cuyo cambio de actitud hay que confiar que no se deba a la proximidad con el compromiso electoral de mes de mayo. Los responsables políticos de Balears siguen teniendo una deuda pendiente con casi dos mil ciudadanos que es preciso saldar cuanto antes.