El Gobierno se ha enfrascado en una discusión semántica tras referirse la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a la «amnistía fiscal» de 2012 que el titular de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, califica de «regularización fiscal». Con independencia de los matices técnicos, el debate es bizantino. El actual Gobierno aprobó una norma con enormes ventajas para quienes decidiesen recuperar fondos depositados en paraísos fiscales, medida a la que se acogieron más de treinta mil contribuyentes, entre ellos el exvicepresidente y exdirector del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato.
Reacción popular. Lo más sorprendente de todo este proceso es la actitud del Gobierno, incapaz de asimilar la indignación ciudadana ante la actitud de algunos beneficiados –unos setecientos– por la regularización fiscal de 2012, que han seguido con sus tropelías contra la Hacienda pública. Sería el caso de Rato. Es por ello que crece el clamor en demanda de la publicación de la relación de contribuyentes privilegiados, una petición que asume toda la oposición y que deja solo al Gobierno del Partido Popular. El cumplimiento del sigilo que exige la ley es el parapeto gubernamental para el silencio de la Agencia Tributaria. Nada garantiza que en el selecto grupo de ‘amnistiados’ no haya más Ratos que hayan aprovechado la coyuntura para blanquear ingentes cantidades de dinero y seguir defraudando al fisco.
Contaminación electoral. El inminente compromiso electoral altera un debate necesario y urgente sobre el alcance de la confidencialidad de los grandes defraudadores fiscales en España, cuestión sobre la que el Gobierno ha tratado de sacar también rédito político. El propio Montoro no tuvo inconveniente en detallar la situación fiscal del expresident Pujol y toda su familia, cuando ahora se muestra renuente a informar de todo lo concerniente a Rato. El cambio de actitud de la sociedad española no está siendo asimilada por un Gobierno incapaz de salir de su propia contradicción.