El hecho de que la Fiscalía Anticorrupción y la policía vean consistencia en la denuncia realizada por el Govern Bauzá de un presunto fraude en cursos de formación en Balears para parados entre los años 2004 y 2010, superior a los siete millones de euros, constituye un eslabón más en la larga cadena de despropósitos que jalona aquellos años locos, en que parecía que los perros se ataban con longanizas y el dinero público corría a espuertas, a menudo con Bruselas en primer término a la hora de tener contentos a patronales y sindicatos por igual. La paz social se consideraba clave mientras se alcanzaban cotas de crecimiento que hoy en día, una década después, parecen incluso demenciales.
Agentes sociales señalados. La investigación de la Fiscalía afecta tanto a los principales sindicatos, UGT y CCOO, como a las patronales CAEB y las de los pequeños empresarios. En conjunto, conformaban lo que entonces se llamaban agentes sociales, que se reunían en mesas de diálogo con representantes del Govern, fuese el de Matas o el de Antich. No se reparaba en ayudas en lo que se conocía como el trípode de la estabilidad: empresarios-líderes de los trabajadores-Ejecutivo. Y se ponían en marcha constantes cursos de formación, curiosamente para una estructura productiva que necesitaba mano de obra poco cualificada. Pero lo importante era mantener fuerte el engranaje de un motor que avanzaba a todo pistón hacia el pleno empleo, henchido de optimismo y de fe en el futuro; sin freno.
La crisis de la desdicha. Pero llegó la crisis, la más dura desde 1929. Las instituciones y los agentes sociales se quedaron sin dinero, las deudas se volvieron asfixiantes y las oficinas de empleo se llenaron de parados. En este contexto, el Govern Bauzá, que ha roto con el pasado, incluso con el de su partido, descubrió un agujero millonario y lo denunció. Mientras, ha habido cambios de dirigentes en patronales y sindicatos. Pero la herida de los años locos sigue abierta. Y sangrando.