El anuncio de la modificación del Régimen Especial de Balears (REB) que tramitará hoy el Consejo de Ministros tras el acuerdo alcanzado ayer entre los presidentes del Gobierno y del Govern, Mariano Rajoy y José Ramón Bauzá, crea unas importantes expectativas. Los incentivos fiscales que se pretende introducir pueden generar un marco más atractivo para la inversión en las Illes, que al fin y a la postre deben traducirse en más y mejor contratación laboral. Sin embargo, resulta inevitable recelar de un compromiso que se lanza cuando apenas faltan tres semanas para las próximas elecciones municipales y autonómicas; incluso es difícil que pueda culminarse su tramitación en el Congreso y el Senado antes de la inevitable convocatoria de los comicios generales.
Demasiado tarde. Tanto Rajoy como Bauzá deberían explicar cómo un acuerdo tan trascendental y con los amplísimos apoyos políticos que ambos tienen se materializa de una manera tan apresurada, al límite del fin de una legislatura en la que Balears ha sido castigada por el sistema de financiación autonómica, cuya reforma sigue pospuesta de manera indefinida. ¿Qué garantiza que el ‘nuevo' REB llegue a entrar en vigor? Acelerando al máximo la tramitación parlamentaria, el Gobierno tiene una magnífica oportunidad de darle carta de verosimilitud al proyecto. A los ciudadanos de Balears no se les puede volver a presentar una iniciativa que, con la experiencia acumulada de ocasiones anteriores, acabe por engrosar el listado de promesas incumplidas de Madrid.
Falta de ambición y consenso. Los planes de Rajoy y Bauzá para el REB serán beneficiosos para las pequeñas y medianas empresas que generen beneficios y para los trabajadores por cuenta propia. Pero una iniciativa de tanto calado debería haberse planteado antes, con más ambición desde el Govern y con el aval del consenso político, tal y como se habían comprometido. Son reparos para lo que debería ser una excelente noticia para Balears.