La Alianza Mar Blava ha registrado una queja ante la Comisión Europea por lo que entiende una vulneración del derecho comunitario por parte del Gobierno español en la tramitación medioambiental de los proyectos de prospecciones petrolíferos en las inmediaciones de Balears, iniciativas que cuentan con la oposición del Govern y los principales agentes sociales por entender que ponen en riesgo el turismo en las Islas. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) sigue sin dar a conocer los resultados del impacto ambiental, informe que es vinculante para la concesión o no de los correspondientes permisos para el inicio de los trabajos destinados a buscar petróleo y gas en el Mediterráneo occidental.
Retraso deliberado. En estos momentos hay en trámite cuatro peticiones de autorización ante el Magrama, formalizadas por empresas extranjeras y españolas, con el objetivo de realizar sondeos acústicos para determinar las posibilidades de explotación de yacimientos petrolíferos cerca de Balears, una técnica muy criticada por las organizaciones ecologistas por el impacto negativo que tienen en la fauna marina; en especial en las especies de cetáceos. Además, desde el Govern se encabeza un fuerte movimiento social en Barlears contra la posibilidad de que Madrid autorice la extracción de hidrocarburos frente al litoral balear. Desde el Ministerio de Industria, su titular, José Manuel Soria, no ha ocultado el interés por la explotación de los, todavía hipotéticos, yacimientos, como ocurrió en Canarias.
Decisión política. La demora en el pronunciamiento del Gobierno invita a sospechar de que se trata de evitar una polémica con una clara trascendencia electoral, más teniendo en cuenta el posicionamiento previo del Partido Popular contra las prospecciones. En todo caso lo que no tiene sentido es que el Gobierno central siga especulando sobre una cuestión en la que la inmensa mayoría de la sociedad balear ya ha manifestado su rechazo.