La tercera votación en el Parlamento para elegir a la presidenta de la Junta de andalucía, la candidata socialista Susana Díaz, confirmó el inmovilismo de las posiciones de las diferentes formaciones políticas que obtuvieron representación en las pasadas elecciones autonómicas. Todos los grupos en la oposición reiteraron su negativa a permitir que Díaz revalide el cargo y la convocatoria de un nuevo pleno ha quedado pospuesta hasta después de los próximos comicios locales y autonómicos –en la mayoría de las comunidades–, una decisión con la que se pretende evitar que el debate estatal condicione las posiciones de los dos partidos clave: Podemos y Ciudadanos. La sola abstención permitiría la elección de Díaz como presidenta, aunque en minoría.
Otras elecciones. El actual enroque en el que se encuentra la elección de Díaz tiene un plazo máximo del 5 de julio, cuando en la hipótesis de que no se haya desbloqueado la situación tendrán que convocarse nuevamente unas elecciones al Parlamento andaluz. Éste sería, sin duda, el escenario más adverso para el conjunto de los ciudadanos de aquella comunidad y del que todos los actores renuncian. Sin embargo, el diálogo mantenido hasta ahora está muy contaminado por el clima político y el juego estratégico que mantienen Podemos y Ciudadanos, fuerzas emergentes cuyas direcciones estatales parecen más interesadas en las futuras elecciones generales.
Reducir la presión. Rebasar la fecha del 24-M puede ser clave para resolver el laberinto en el cual se encuentra inmerso la Junta de Andalucía, cuyo futuro puede acabar vinculado a decisiones que se adopten por parte de los diferentes partidos a nivel de conjunto del Estado. Ni Podemos ni Ciudadanos, tampoco Izquierda Unida, quiere adelantar sus preferencias de gobierno en los futuros ayuntamientos y gobiernos autonómicos que quedan por constituir. Susana Díaz sufre los efectos colaterales de las elecciones del 24-M.