El fiscal anticorrupción Pedro Horrach presentó ayer su escrito en el que se adhería a la petición de la defensa para que se rebaje de manera sustancial la fianza civil impuesta a la infanta Cristina por el ‘caso Nóos', fijada en 2,7 millones de euros y que se pide reducir a 450.000 euros. Horrach considera injustificada una caución que supone el séxtuplo de lo supuestamente defraudado por la hermana del Rey a la Agencia Tributaria durante los ejercicios de 2006 y 2007, argumento que fundamenta con casos similares y también de gran impacto mediático, como el de la cantante Ana Torroja.
Trato equitativo. El fiscal Horrach está dando pruebas durante toda la instrucción del ‘caso Nóos' de una independencia que le acarrea no pocas críticas, en especial desde aquellos sectores de la sociedad española que ofrecen un sesgo político a un asunto que no debe rebasar el ámbito jurídico. El rango social o institucional de algunos de sus protagonistas no es un pretexto suficiente para forzar la interpretación de la norma en su contra, y en este contexto hay que contemplar la actuación del fiscal Horrach. El trabajo de los jueces y fiscales en el ‘caso Nóos' no debe quedar contaminado, su labor debe estar únicamente iluminada por la exigencia en el cumplimiento de la legalidad; abandonar este terreno es excederse en sus competencias con la seguridad de cometer una injusticia.
Agilizar el proceso. La entrada del voluminoso ‘caso Nóos' en la Audiencia supone la entrada en la recta final que culminará con la asignación de fechas para la celebración del juicio oral, etapa durante la que no se pueden descartar los intentos de alcanzar acuerdos con la Fiscalía –de las que Horrach es un decidido partidario– para simplificar la vista pero que, en este asunto, debe tener como principal objetivo lograr la recuperación para las arcas públicas de las enormes cantidades defraudadas. Los reproches políticos o morales a los protagonistas del ‘caso Nóos', sin duda merecidos, pertenecen a otro ámbito.