Grecia está tratando de evitar que la Unión Europea le cierre todas las vías de financiación, un escenario que provoca la incertidumbre en los mercados al abrir una etapa desconocida, sin precedentes, y ante la que no existe una hoja de ruta a la que seguir. De lo que ya no cabe duda es de que el Gobierno griego no abonará en el plazo fijado los 1.500 millones de euros que debía amortizar ante el Fondo Moneterio Internacional, mientras analiza una última oferta de 15.500 millones procedentes de la UE asociados a nuevas medidas de ajuste. Mientras, planea el resultado de referéndum del próximo domingo con el que el presidente Tsipras pretende reforzar su postura de fuerza ante las exigencias europeas.
Una solución política. La quiebra de la economía helena ha derivado en un serio problema político, tanto dentro como fuera de Grecia. La Unión Europea se enfrenta a un problema desconocido, como es el de expulsar un país del euro y asumir sus consecuencias. Atenas, por su parte, debería hacer frente a una situación de ahogo económico sin precedentes que podría prolongar durante meses el actual ‘corralito' en una economía descapitalizada. Mientras, todos los países de la eurozona acusan una tensión que dispara la prima de riesgo de los países más débiles –España y Portugal entre ellos– en beneficio de los más poderosos, que sería el caso de Alemania. Esta crisis requiere medidas políticas conjuntas, los remedios financieros son insuficientes.
Una Europa de ciudadanos. Bruselas hasta el momento sólo ha puesto sobre la mesa soluciones técnicas a un problema que ha rebasado, hace tiempo, el ámbito económico de Grecia y ha derivado en un auténtico conflicto social.
Es probable que la actitud de Tsipras y sus aliados no sea el más adecuado para lograr la conciliación de intereses, pero cabe preguntarse si una situación coyuntural –la presencia Syriza al frente del Gobierno griego– debe condicionar el futuro de la Unión Europea y olvidarse de los ciudadanos.