El resultado del Consejo de Política Fiscal y Financiera que presidió ayer el titular del Ministerio de Administraciones Públicas y Hacienda, Cristóbal Montoro, resultó decepcionante para los intereses de Balears. La leve mejora de los ingresos que recibirá la Comunitat desde el Estado, 2.168,2 millones en términos absolutos, un incremento de 132 millones respecto al ejercicio actual, apenas tendrá un efecto real en la mejora de los servicios públicos ya que el Gobierno se mantiene inflexible en fijar un tope del 0,3% sobre el PIB. Para calibrar la dimensión de la exigencia hay que precisar que este año ya se ha alcanzado el 2,1%. Con estas condiciones la situación será insostenible en el próximo 2016.
Flexibilidad imprescindible. La actitud del Gobierno, y en concreto del ministro Montoro, de no querer abrir los márgenes de déficit público a las autonomías ha provocado la división ideológica del Consejo, entre las comunidades afines a la izquierda y nacionalistas frente a las que conservan gobiernos del Partido Popular. Todo indica que se pretende mantener la ficción sobre las cuentas públicas en España mientras se retrasa la necesaria reforma del modelo de financiación autonómica; uno de los incumplimientos programáticos más graves del presidente Rajoy para esta legislatura. Cabe recordar que cada año que se demora la reforma se ahonda el agravio financiero de las Islas.
Sin salida. El cerco al que, en realidad, se somete a las cuentas autonómicas deja en un callejón sin salida al Govern y abre la puerta a un indeseable incremento de la presión fiscal. No es posible seguir reduciendo las prestaciones sociales sin una grave merma sobre su calidad, un proceso que, al menos en apariencia, da la impresión de que mantiene indiferente al equipo del ministro Montoro. Abrir ligeramente la mano en las asignaciones a Balears pero imponer condiciones draconianas en la contención del déficit supone, en definitiva, prolongar la existencia del problema.